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La Delegatura para la Protección de la Competencia encontró que las investigadas implementaron políticas empresariales tendientes a obstruir la libre circulación de las facturas expedidas por sus proveedores. Dentro de estas, se habrían desplegado acciones tales como: i) retener el original de las facturas emitidas por sus proveedores para evitar que el acreedor endosara o pudiera poner a circular la factura; ii) exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales con el fin de que no constituyeran títulos valores y por ende no pudieran circular en el mercado de venta al descuento de las facturas; iii) imponer requisitos extralegales para la elaboración de las facturas; iv) obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con un determinado factor (compañía de factoring o entidad financiera); y, v). obligar a sus proveedores a negociar o descontar facturas únicamente con ellas mismas (las investigadas), y por ende, no permitir el endoso descuento con terceros (empresas de factoring, entidades financieras u otras personas), so pena de aplicarles retaliaciones comerciales (penalizar, revisar o terminar la relación contractual).
Adicionalmente, formuló pliego de cargos contra las empresas de revisoría fiscal DELOITTE & TOUCHE, PRICE WATER HOUSE COOPERS, ERNST & YOUNG AUDIT y KPMG por presuntamente incumplir con su deber legal al no pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre la constancia que debió dejar la administración de las empresas investigadas, de que no entorpecieron al circulación de las facturas emitidas por sus proveedores de bienes y servicios.
Se resaltó la importancia de la figura “factoring” como un mecanismo que permite al sector empresarial obtener recursos financieros para su operación y rechazó en forma absoluta cualquier conducta que afecte el desarrollo de la libre competencia en Colombia.
Resolución No. 71537 del 8 de noviembre de 2017
Resolución No. 71539 del 8 de noviembre de 2017
La Delegatura para la Protección de la Competencia encontró que las investigadas implementaron políticas empresariales tendientes a obstruir la libre circulación de las facturas expedidas por sus proveedores. Dentro de estas, se habrían desplegado acciones tales como: i) retener el original de las facturas emitidas por sus proveedores para evitar que el acreedor endosara o pudiera poner a circular la factura; ii) exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales con el fin de que no constituyeran títulos valores y por ende no pudieran circular en el mercado de venta al descuento de las facturas; iii) imponer requisitos extralegales para la elaboración de las facturas; iv) obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con un determinado factor (compañía de factoring o entidad financiera); y, v). obligar a sus proveedores a negociar o descontar facturas únicamente con ellas mismas (las investigadas), y por ende, no permitir el endoso descuento con terceros (empresas de factoring, entidades financieras u otras personas), so pena de aplicarles retaliaciones comerciales (penalizar, revisar o terminar la relación contractual).