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La actuación administrativa de la Superindustria inició por una denuncia presentada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso de selección adelantado por esa Entidad. A partir de esa información, la Superindustria desarrolló las actividades investigativas que permitieron identificar documentos físicos, correos electrónicos, chats de WhatsApp, testimonios, entre otros, que señalaban la presunta colusión o cartelización empresarial de 23 empresas que actuaron sistemáticamente (carrusel), en al menos 101 procesos de selección contractual en la modalidad de subasta inversa adelantados por diferentes entidades del Estado, cuyo presupuesto oficial sumado, asciende a más de $73 MIL MILLONES DE PESOS que se dieron entre los años 2014 y 2017.
La práctica anticompetitiva investigada consiste en un mecanismo sistemático y estructurado con el propósito de suprimir o eliminar la competencia dentro de los procesos selección contractual en la modalidad de subasta inversa, en los cuales, se identificó el siguiente comportamiento: (i) Se identificaba o determinaba quiénes serían los proponentes en cada proceso de contratación. (ii) El proponente u oferente que quisiera resultar ganador en el proceso de contratación estatal, ofrecía a sus competidores el pago de una suma o “bolsa” de dinero y luego, a través de cuentas de cobro presentadas por supuesta prestación de servicios de transporte, se cancelaban las compensaciones o pago por el retiro (iii) Los proponentes competidores que aceptaban el pago de la “bolsa” se abstenían de mejorar la oferta en la subasta inversa y, en consecuencia, el proponente interesado en ganar y que había pagado a sus competidores, se hacía a la adjudicación del contrato. (iv) Los proponentes vinculados con la práctica anticompetitiva formulaban ofertas sustancialmente cercanas al presupuesto oficial previsto por la Entidad contratante, con el fin de asegurar la adjudicación al mayor precio posible en favor del proponente dispuesto a pagar la “bolsa” de dinero.
La actuación administrativa de la Superindustria inició por una denuncia presentada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso de selección adelantado por esa Entidad. A partir de esa información, la Superindustria desarrolló las actividades investigativas que permitieron identificar documentos físicos, correos electrónicos, chats de WhatsApp, testimonios, entre otros, que señalaban la presunta colusión o cartelización empresarial de 23 empresas que actuaron sistemáticamente (carrusel), en al menos 101 procesos de selección contractual en la modalidad de subasta inversa adelantados por diferentes entidades del Estado, cuyo presupuesto oficial sumado, asciende a más de $73 MIL MILLONES DE PESOS que se dieron entre los años 2014 y 2017.