Superintendencia de Industria y Comercio

A propósito del Día Mundial de la Competencia que se celebra este lunes 5 de diciembre, la Superintendencia de Industria y Comercio, como única autoridad en Colombia que protege y vigila esta materia, quiere destacar que el país se ha convertido en líder de América Latina en la lucha contra la cartelización empresarial y así lo ha venido confirmando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la Red Internacional de libre Competencia, al mostrar a Colombia como ejemplo en la región cuando se habla de promoción y aplicación de prácticas que protejan la libre concurrencia en las empresas nacionales.

Como reflejo de la cooperación internacional en los últimos 6 años, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha suscrito diferentes memorandos de entendimiento con países como Estados Unidos, España, Chile, Perú, Brasil, Panamá, México, Portugal, entre otros. 

Pero también se han implementado  políticas desde la Superindustria para combatir la cartelización en Colombia, tanto en el sector público como privado. A raíz de eso y según recordó el Superintendente Pablo Felipe Robledo, desde 2012 a septiembre del 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto  multas que superan el billón de pesos a 390 personas naturales y jurídicas por prácticas anticompetitivas que afectan el buen funcionamiento del mercado en Colombia.

En ese periodo, han sido investigados 9 carteles en el sector privado, de los cuales 4 ya han sido sancionados y 5 están con pliego de cargos, algunos en etapa probatoria para una pronta decisión definitiva. Cabe recordar que este año la Superindustria sancionó a los carteles de papeles suaves, pañales y cuadernos con multas superiores a los $450 mil millones de pesos.   

En estos tres carteles, y por primera vez en Colombia, hubo delatores que se acogieron al programa de beneficios por colaboración, obteniendo exoneración total de la multa impuesta el primero que confesó, el 50% para el segundo y el 30% para el tercero, según lo establece la ley.  

De la delación y los programas de beneficios por colaboración también se habló en el Cuarto Congreso Internacional de Competencia resaltando que en Colombia por ejemplo ha permitido desmantelar carteles y que las empresas que confieses cuenten con el beneficio de librarse de las multas por parte de la autoridad de control.

Según la OCDE, los carteles empresariales son las conductas más nocivas para el mercado-, en sectores muy sensibles de la economía que impactan la población más vulnerable y son consideradas como las conductas “más escandalosas” en las que puede incurrir un empresario.

Antes de La Ley 1340 de 2009, la multa máxima para personas jurídicas (empresas) era de $1.400 millones de pesos y para personas naturales era de $206 millones de pesos. Después de la Ley las multas aumentaron  y para las personas jurídicas quedaron en máximo $70 mil millones de pesos y para personas naturales en $1.400 millones de pesos.

Sin embargo el llamado tiene que ver con entender la importancia de tener multas más fuertes y por eso en la próxima legislatura desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en un trabajo conjunto con la Superindustria, se buscará con un proyecto de ley cambiar la forma de imponer las multas a las empresas que se cartelizan.

La Superintendencia de Industria y Comercio recordó que el próximo año concentrará sus esfuerzos en adoptar herramientas para prevenir la cartelización en el sector público, pero especialmente en tomar medidas para combatir los nuevos casos de colusión que se evidencien y evacuar los procesos que hoy en día se están investigando.

En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio  investiga 145 casos de posibles colusiones en procesos de contratación pública involucrando a más de 838 posibles investigados, de los cuales, el 30% corresponden a procesos relacionados con obras civiles y mantenimiento de las mismas, el 20% a procesos de contratación pública de servicios y 16% a procesos de contratación en vigilancia.

Estos contratos ascienden a ocho billones de pesos que son recursos del Estado y que se vuelven ineficientes cuando se destinan a empresas que, a través de consorcios violan la libre competencia, generando sobrecostos a la nación.