En el acto de instalación del Cuarto Congreso Internacional de Competencia que se realiza en Barranquilla, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció la creación de un Grupo Élite para combatir las prácticas anticompetitivas que se están presentando en las licitaciones y contrataciones públicas.
El funcionario señaló que la Entidad concentrará sus esfuerzos el próximo año en adoptar herramientas para prevenir esta conducta, pero especialmente en tomar medidas para combatir los nuevos casos de colusión que se evidencien y evacuar los procesos que hoy en día está investigando la Superindustria.
Recordó que en la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga 145 casos de posibles colusiones en procesos de contratación pública involucrando a más de 838 posibles investigados, de los cuales, el 30% corresponden a procesos relacionados con obras civiles y mantenimiento de las mismas, el 20% a procesos de contratación pública de servicios y 16% a procesos de contratación en vigilancia.
Estos contratos ascienden a ocho billones de pesos que son recursos del Estado y que “se vuelven ineficientes cuando se destinan a empresas que, a través de consorcios violan la libre competencia, generando sobrecostos a la nación” manifestó Robledo.
De estos procesos se destacan el del presunto cartel de seguridad privada en licitaciones públicas que se encuentra en etapa probatoria y los ya sancionados carteles de colusión en licitación pública del ICBF – Nule, colusión en licitación pública en IDIPRON, colusión en licitación pública en la Gobernación de Arauca y colusión en licitación pública en el INVIAS.
Así mismo En 2016, la SIC ha impuesto multas por más de 3.000 millones de pesos en casos de colusión en contratación del Estado.
Por su parte el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aprovechó este escenario para alertar por la existencia de “mafias de contratistas” que a través de procesos licitatorios, los cuales al final solo tienen un oferente, están accediendo a los recursos de las entidades públicas, con el agravante de que muchos de esos contratos no se ejecutan en su integridad, otros tienen ejecución menor al 60% del dinero adjudicado y constituyen un verdadero fraude a los intereses de los colombianos.
Destacó que la alianza entre la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio va a ser, como ya lo ha sido, muy provechosa en la lucha contra estas prácticas que están afectando el patrimonio de la nación”
Indicó que la Fiscalía ha identificado 78 redes de contratistas que a través de consorcios o uniones temporales han resultado ganadores de centenares de licitaciones. agregó que en en esas redes coinciden los socios, los revisores fiscales y muchas veces hasta los interventores.
“El oferente único es una modalidad que supera ya el 80% de las contrataciones públicas en Colombia… Ahí hay un “germen canceroso” y lo que estamos evidenciando es que buena parte de estos contratos terminan con sobrecostos o inejecución de las obras” concluyó.
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