Superintendencia de Industria y Comercio
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Conductas realizadas por un agente económico quien aprovechando el poder o la posición de dominio en un mercado distorsionan la competencia económica efectiva y/o afectan a los consumidores a través de conductas excluyentes y/o explotativas.
Se cancelará la autorización de uso cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección.
Tiene por objeto cancelar las marcas o lemas que no hayan sido usados durante los tres (3) años anteriores al inicio de la acción.
Tiene por objeto cancelar un registro que ha sido concedido, desconociendo la existencia previa de una marca notoriamente conocida en el área Andina, la cual, resulta confundible con la marca registrada.
Se busca cancelar el certificado de registro de un signo que se ha convertido en una expresión genérica o de uso común para los productos o servicios que ella distingue en el mercado, razón por la cual, el signo adolece de falta de distintividad como indicación de origen empresarial.
Conductas realizadas por un agente económico quien aprovechando el poder o la posición de dominio en un mercado distorsionan la competencia económica efectiva y/o afectan a los consumidores a través de conductas excluyentes y/o explotativas.
Documento que se elabora en desarrollo de la comisión en el que se incorporan (i) los aspectos que se verificaron en desarrollo de la visita, (ii) las situaciones observadas, (iii) los documentos que se incorporan o solicitan para su posterior remisión a la SIC, (iv) la identificación y firmas de quienes intervienen en el desarrollo de la visita, tanto funcionarios SIC como de la cámara de comercio.
Acciones necesarias en un proyecto para transformar determinados recursos en productos a partir de un conjunto de insumos, en un periodo determinado. Acciones que consumen recursos y tiempo, se les puede identificar un responsable y un producto resultante.
Resolución en el que se ordena la práctica de pruebas que esta Superintendencia considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos teniendo en cuenta las solicitudes de parte o que requieran ser practicadas de oficio.
Resolución mediante el cual se inicia una investigación formal por presuntas violaciones a las normas en materia de prácticas comerciales restrictivas de la competencia.
Acto administrativo mediante el cual se adelanta un procedimiento sancionatorio con el fin de establecer posibles violaciones a las normas y/o a las órdenes y/o instrucciones que están bajo inspección, control y vigilancia de la Superintendencia. En este se señala con precisión y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.
Acto administrativo mediante el cual se adelanta un procedimiento sancionatorio con el fin de establecer posibles violaciones a las normas y/o a las órdenes y/o instrucciones que están bajo inspección, control y vigilancia de la Superintendencia. En este se señala con precisión y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.
Actuación administrativa por medio de la cual la Superintendencia, sin denuncia o solicitud de por medio, inicia un trámite para investigar posibles violaciones a normas y/o a las órdenes y/o instrucciones que están bajo inspección, vigilancia y control de la Superintendencia. Las averiguaciones preliminares también constituyen una actuación de oficio cuando se impulse sin previa solicitud de cualquier persona.
Práctica restrictiva de la competencia caracterizada por la pluralidad de sujetos ejecutantes, quienes a través de un contrato, un convenio, una concertación, una práctica concertada o conscientemente paralela, coordinan sus conductas de tal manera que logran causar una restricción ilegítima o distorsión de la libre competencia
Oportunidad procesal en la que el investigado plantea sus apreciaciones acerca de la forma en que debe dictarse el fallo.
Acto unilateral de carácter dispositivo cuyo contenido es una renuncia inequívoca a continuar la contienda, acompañada de la confesión de los hechos afirmados por el demandante, caso en el cual se procede a dictar sentencia de acuerdo con lo solicitado, según el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, C.P.C.
Oportunidad procesal que tiene lugar una vez contestada la demanda principal y la de reconvención, si la hubiere, en la cual las partes y la SIC procuran la conciliación, toman las medidas de saneamiento del proceso, se deciden las excepciones previas que hubieren tenido práctica de pruebas y fijan el litigio en sus hechos, pretensiones y excepciones de mérito.
Persona que estima o valora bienes de cualquier tipo.
Etapa del proceso que tiene por objeto obtener información inicial sobre los presuntos agentes infractores, la conducta desarrollada, una aproximación al mercado relevante y el período en que ocurrió.
Son la autoridad política de las entidades territoriales municipales, que en virtud de lo dispuesto en el decreto 3466 de 1982 y de lo reiterado en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, ejercen, entre otras, las mismas funciones administrativas de control y vigilancia que se encuentran en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Abogado vinculado o no a la Entidad designado para que la represente en los procesos contencioso administrativos, mediante poder otorgado en los términos establecidos por la ley para tal fin.
Conjunto de actividades a partir de las cuales es posible generar un ordenamiento en el que el producto obtenido en una actividad resulta ser insumo para otra. De esta manera, cada actividad o eslabón le adiciona sucesivamente valor a los bienes o servicios al momento de analizar tal proceso desde la generación del producto hasta que llega al consumidor final.
De conformidad con el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, es una sanción administrativa para el titular de una patente de invención o modelo de utilidad por el no pago de la tasa de mantenimiento establecida por la normativa aplicable, la cual opera de pleno derecho
Operación que, bajo condiciones especificadas, en una primera etapa establece una relación entre los valores de la magnitud y sus incertidumbres de medida obtenidos de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres correspondientes, y, en una segunda etapa, usa esta información para establecer una relación con la finalidad de obtener un resultado de medición a partir de una indicación.
Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él.
De acuerdo con el art. 78 del Código de Comercio y el art. 1º del Decreto 898 de 2002, las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, de derecho privado, de carácter corporativo, gremial, sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil.
Acto por medio del cual una persona natural o jurídica titular de un signo distintivo o en trámite de registro, modifica la dirección del sitio inicialmente registrado.
Acto por medio del cual una persona natural o jurídica titular de un signo distintivo o en trámite de registro, modifica el lugar principal de sus negocios o de su residencia, a otra ciudad o país.
Acto de carácter jurídico por medio del cual una persona natural o jurídica titular de un signo distintivo o en trámite de registro, modifica total o parcialmente su razón social o la expresión con la cual se identifica en el mercado, de acuerdo a lo establecido en el certificado de existencia y representación legal que reposa en la Cámara de Comercio del Lugar de constitución de la sociedad.
Garantía que presta el solicitante o peticionario de una medida cautelar para precaver los efectos dañosos que pueda causar a la parte afectada con la práctica de la misma.
Es una excepción a la carga legal de uso, que exime al titular de la marca de demostrar el uso de la misma en los términos previstos en las normas. El “motivo justificado”, puede ser la fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.
Es una excepción a la carga legal de uso, que exime al titular de la marca de demostrar el uso de la misma en los términos previstos en las normas. El “motivo justificado”, puede ser la fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 256 de 1996, es el documento expedido por la SIC, destinado a la parte afectada, por conductas con las cuales se lleve presumiblemente a cabo actos de competencia desleal para que pueda iniciar la correspondiente acción judicial.
Según lo establecido en el artículo 116 del C.P. C., es el documento expedido por la secretaria sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias. El juez, podrá expedir certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley.
Atestación de segunda o tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas.
Documento emitido por un Organismo de Certificación debidamente acreditado por el organismo nacional de acreditación en Colombia, o designado por la autoridad competente, conforme a las reglas contempladas en la normatividad Colombiana, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, sistema o persona, debidamente identificada, está conforme con un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica, o documento normativo específico. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación posterior que pueda realizar la autoridad de control y vigilancia competente sobre los mismos productos, procesos, sistemas o personas, o de la forma en que se emitió dicho certificado.
Orden judicial que se toma al resolver las medidas cautelares a través de la cual se dispone la suspensión del acto o conducta desleal señalado por el solicitante, hasta tanto se resuelva de fondo la cuestión.
Corresponde a un producto en su forma final o intermedia, cuyos elementos de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.
Es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios.
Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.
Acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio.
Son las manifestaciones efectuadas por personas distintas de las partes, acerca de sus percepciones sobre los hechos materia de averiguación y/o investigación.
Es la delegación que la oficina nacional competente hace a una entidad pública o privada que represente a los beneficiarios de las denominaciones de origen, de la facultad de otorgar las autorizaciones de uso de una denominación de origen a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012 y la Decisión 486.
Escrito mediante el cual una persona natural o jurídica ejerce su derecho de acción a presentar unas pretensiones ante las autoridades jurisdiccionales.
Aquella persona contra quién se actúa, o a quién se le reclama algo en juicio, exigiéndole alguna cosa o prestación determinada. Para efectos de la Acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, dispone que ésta se pueda entablar en contra de cualquier persona que infrinja un derecho de propiedad industrial o contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si dichas conductas son realizadas por trabajadores u otros colaboradores en ejercicio de funciones y deberes contractuales la acción deberá dirigirse contra el patrono.
Aquella persona que formula una demanda en juicio, en reclamación de una cosa o reconocimiento de un derecho. Para efectos de la ley 256 de 1996 se refiere a cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado cuyos intereses económicos resulten amenazados o perjudicados por los actos de competencia desleal.
Son todas aquellas autoridades a las cuales de manera expresa el legislador les ha atribuido funciones de protección al consumidor. Dentro de ésta encontramos, de manera enunciativa, las siguientes: Superintendencia Financiera, el INVIMA, el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, entre otras.
Aquellas empresas que hacen parte de la operación de integración que se proyecta realizar y que ejercen una misma actividad económica o pertenecen a la misma cadena de valor y que puede tener efectos en el mercado nacional.
Es el signo distintivo que adopta un comerciante para identificar su establecimiento de comercio.
Es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.
Se refiere a estudios que permitan la acumulación de conocimiento acerca de un sector. Los estudios básicos no generan beneficios directamente y su materialización son documentos que pueden contener análisis, catastros, inventarios etc.
Señalamiento, estimativo, apreciación, cálculo del valor de una acción o cosa. Medición dentro de términos previstos del desarrollo o resultado de una operación.
Demostración de que un producto, proceso, sistema, o persona cumple los requisitos especificados en un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica o documento normativo específico, evaluado y debidamente sustentado en resultados de organismos de inspección, laboratorios de pruebas y ensayos o laboratorios metrológicos debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación o designados por la autoridad competente, o evaluados por un Organismo de Certificación acreditado que adelante la evaluación de la conformidad.
Señalamiento, estimativo, apreciación, cálculo del valor de una acción o cosa. Medición dentro de términos previstos del desarrollo o resultado de una operación.
El examen comprende el estudio de todas las exigencias requeridas por la Decisión 486 y la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012, para la Delegación de la facultad de autorización de uso de una denominación de origen, de una denominación de origen protegida, y de la autorización de uso de la denominación de origen.
Revisión que hace la oficina competente de los requisitos formales exigidos por la Decisión 486, esto es si la solicitud contienen los requisitos señalados y si se han aportado todos los documentos exigidos.
Comunicación enviada por la parte que no asistió a una audiencia de conciliación, explicando las razones de su inasistencia.
Atribuciones excepcionales otorgadas mediante Ley 1480 de 2011, la cual tiene por objeto determinar la procedencia de la efectividad de una garantía en sus diferentes modalidades.
Resolución mediante la cual se le atribuye la responsabilidad a un sujeto vigilado por la comisión de una conducta violatoria de las normas sobre protección de datos personales con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y aporten las pruebas que pretendan hacer valer dentro de la investigación.
De acuerdo con el artículo 172 del Código de Comercio “Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva”.
Medio de publicación de una solicitud con el fin de divulgarla para que quién tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. Es una forma de darle publicidad al registro de la Propiedad Industrial.
Es la póliza de seguros, aval bancario, garantía y otras formas de caución que las empresas intervinientes otorgan a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. El monto asegurado, garantizado o caucionado dependerá de lo señalado para cada caso por la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución mediante la cual se condiciona la operación de Integración.
Son las conductas que se comprometen a cumplir las personas obligadas conforme a la resolución de aceptación de garantías.
Definido en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, se presenta cuando entre una sociedad matriz y sus subordinadas y/o filiales existe un vínculo de subordinación y una unidad de propósito y dirección. Hay unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persiguen la consecución de un objetivo determinado por la matriz controlante en virtud de la dirección que ésta ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo del objeto social o actividad individual de cada una de las empresas[1]. En todo Grupo Empresarial se presume control.
El articulo 3 literal c) del Decreto 1840 de 1994 define insumo agropecuario como todo producto natural o sintético, biotecnológico o químico, utilizado para promover la producción agropecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas, malezas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales y vegetales o a sus productos.
Su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de la necesidad o necesidades para las cuales está destinado.
Persona natural o jurídica que realiza actividades de comercializar bienes extranjeros en el interior del país.
Las reclamaciones relativas a la forma como se hubiere preparado o efectuado la elección o el escrutinio.
Providencia mediante la cual se establecen los efectos sustanciales de la demanda por no reunir los requisitos señalados expresa y taxativamente en los numerales 1 a 7 del artículo 85 del C.P.C. y cuando no se allegan los anexos señalados por ley y, descritos en el artículo 77 del mismo Código. De no subsanarse los defectos producirá el rechazo de la demanda.
En el incidente de liquidación de perjuicios, es la persona obligada a responder por la condena en perjuicios que se hubiere hecho en abstracto en la sentencia y que será objeto de liquidación en este trámite.
En el incidente de liquidación de perjuicios, es la persona favorecida con la condena en perjuicios en abstracto de la sentencia del proceso de competencia desleal, iniciado con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley 962 de 2005, en cuyo trámite no había lugar a realizar la condena en concreto.
Semestralmente las Cámaras de Comercio deben radicar ante la SIC el informe estadístico de registros públicos, de acuerdo a lo requerido en el formato CC01 – F01 Informe Estadístico de los Registros Públicos.
Consistente en información de las empresas y gremios del sector que se está analizando: producción, ventas, activos, situación financiera, exportaciones o importaciones, etc.
Deber previsto en la Ley 1340 de 2009, la resolución 12193 de 2013 y demás normas concordantes. Las empresas tienen el deber de informar previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que se proyecten llevar a cabo para efectos de adquirir el control de una o varias empresas, cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada. Tal obligación aplica para las empresas que desarrollen la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor y que cumplan con los supuestos en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009.
Comunicación suscrita por los funcionarios comisionados de la SIC para la práctica de la visita administrativa, dirigida al Jefe inmediato, en donde se plasman los aspectos verificados, las observaciones realizadas y las actuaciones a las que haya lugar.
Es el documento que incorpora el análisis de las pruebas en una investigación por prácticas comerciales restrictivas de la competencia y la justificación o no de tales conductas si ello es pertinente. En ese acto se deben identificar los presuntos sujetos infractores, el mercado relevante, el poder de mercado de los investigados, las conductas realizadas, el tiempo en que se realizaron, la legalidad o ilegalidad de la(s) conducta(s), el periodo investigado. También debe contener las conclusiones sobre la investigación realizada y las recomendaciones acerca de las decisiones que corresponde adoptar a la Superintendencia de Industria y Comercio. La evidencia recopilada en la investigación debe ser analizada para mostrar las razones de orden legal y económico por las cuales se considera que la(s) conducta(s) examinada(s) son legales o no.
Acto de la SECRETARÍA en el que se indica el asunto que provoca la actuación o ingreso al despacho o informa cualquier otra situación relevante en el proceso y que debe ser resuelta por el FUNCIONARIO DESIGNADO.
La existencia de una situación que evidencia que un acto desleal está por suceder prontamente.
La existencia de una situación que evidencia la posibilidad de que acaezca una infracción a un derecho de propiedad industrial.
Es el procedimiento mediante el cual se anotan en el registro de Propiedad Industrial cualquier afectación que pueda recaer respecto de un signo distintivo.
Es el examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos, con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos materia del proceso.
Es el ejercicio de análisis de información relacionada con la persona o entidad vigilada, cuya ejecución se lleva a cabo en sede de estas, en presencia de funcionarios de la autoridad respectiva, con el fin de recaudar información que conlleve a esclarecer los hechos materia de actuación preliminar o investigación.
Facultad administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio de fijar conceptos jurídicos y técnicos mediante actos administrativos de carácter general, que ilustren el debido cumplimiento delas normas del Estatuto del Consumidor, de las disposiciones contenidas en el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones – Resolución CRC 3066 de 2011 – y el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales – Resolución CRC 3038 de 2011 –, y los demás actos regulatorios que modifiquen o adicionen dichos regímenes, entre otros asuntos competencia de esta entidad.
Son los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades.
Declaración que efectúan las partes sobre los hechos sobre los cuales tengan conocimiento y que sean de interés para la averiguación y/o investigación.
Contrato mediante el cual el titular del derecho o en trámite de registro autoriza a un tercero el uso o la explotación de la misma, de manera temporal y circunscrito a un ámbito territorial. El titular del derecho conserva para si la propiedad, en tanto el licenciatario tiene el usufructo o goce del derecho de uso.
Son organizaciones constituidas con la finalidad de garantizar la protección, la información, la educación, la representación y el respeto de los derechos de los consumidores y velar por el pago de las indemnizaciones por violación de sus derechos. Las asociaciones son agrupaciones de ligas o asociaciones.
Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca solicitada o registrada con la cual se usará para una misma clase de servicios/productos concedidos en la marca.
Actividad para probar el valor de los perjuicios cuyos conceptos fueron reconocidos en la condena del proceso de competencia desleal.
Documento físico de índole publicitario por medio del cual se informa a los usuarios la inscripción de las afectaciones a los registros marcarios cuya información se ve reflejada en la base de datos de propiedad industrial.
Integran la Red Nacional de Protección al Consumidor, por mandato legal, las alcaldías, las autoridades del orden nacional con funciones de protección al consumidor, el Consejo Nacional y los Consejos Departamentales de Protección al Consumidor, las ligas y asociaciones de protección al consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, quien ejerce la secretaría técnica.
Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.
Signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.
Es aquella que está integrada únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.
Son aquellas marcas integradas por un elemento denominativo o verbal y un elemento figurativo en combinación.
Aquella que como consecuencia de su uso intenso en el mercado o la publicidad se ha difundido ampliamente, adquiriendo fuerza distintiva, siendo generalmente conocida al menos por el sector pertinente en el producto o servicio que la marca distingue.
Todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público lo conozca y los distinga, sin que puedan confundirlos con otros de la misma especie.
Proceso para obtener experimentalmente uno o más valores que pueden ser razonablemente atribuidos a una magnitud.
Todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público lo conozca y los distinga, sin que puedan confundirlos con otros de la misma especie.
Proceso para obtener experimentalmente uno o más valores que pueden ser razonablemente atribuidos a una magnitud.
Consiste en la orden de suspender provisionalmente las conductas que puedan constituir prácticas comerciales restrictivas de la competencia.
Mecanismo procesal que otorga a los afectados la posibilidad de obtener una orden de cesación provisional de la conducta desleal efectuada, producida o cuando sea inminente su realización. Las solicitudes de medidas cautelares deben ser sustanciadas con prelación y celeridad, y en caso de peligro grave e inminente puedan ser resueltas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud, sin escuchar a la parte contra quien se dirige la solicitud.
Mecanismo procesal que otorga a quien se considere afectado con la comisión de la infracción o su inminencia, la posibilidad de impedirla, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las solicitudes de medidas cautelares deben ser sustanciadas con prelación y celeridad.
Son los instrumentos y órganos que ofrecen a la autoridad el conocimiento de los hechos materia prueba.
La metrología legal es el área de la metrología que se ocupa de las exigencias legales, técnicas y administrativas, relativas a las unidades de medida, los métodos de medición, los instrumentos de medir y las medidas materializadas.
Nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le produce alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. El plazo de duración del modelo de utilidad es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Obtención de una muestra representativa del objeto de evaluación de la conformidad, a juicio del investigador.
Cuando un acto administrativo de carácter particular o general imponga una obligación no dineraria a un particular y este se resistiere a cumplir la orden y/o instrucción, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía.
Es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.
Norma Técnica aprobada o adoptada como tal por el Organismo Nacional de Normalización, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Código de Buena Conducta Para la Elaboración, Adopción y aplicación de normas de la OMC contenido en el Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio.
Documento aprobado por una institución reconocida o entidad gubernamental con facultad y funciones de normalización, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
Acto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio da a conocer a los administrados el contenido de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa con el fin de que éstos ejerzan los recursos correspondientes.
Finalidad hacia la que se orientan las actividades o acciones de un plan, programa o proyecto.
De acuerdo al artículo 19 del capítulo Segundo del Código de Comercio, es obligación de todo comerciante: 1) Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; 5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
Petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón a que el esquema de trazado de circuito integrado no reúne los requisitos de ley o infringe un derecho previamente constituido.
Son organismos de evaluación de la conformidad los organismos de certificación o de inspección y los laboratorios de pruebas, ensayos o metrológicos que estén debidamente acreditados ante el organismo nacional de acreditación en Colombia o designados por la autoridad competente para desarrollar en todo o en parte un procedimiento de evaluación de la conformidad de un producto, proceso, servicio, sistema o persona, con relación a un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica o documento normativo específico.
Organismo designado por el Gobierno Nacional para atestar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad que voluntariamente quieran acreditarse dentro del subsistema nacional de la calidad en relación con un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica, o documento normativo específico, conforme con los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad Colombiana.
Título de protección jurídica de una invención, que otorga el Estado, a condición de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un trámite jurídico. El plazo de duración de la patente de invención es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Tratándose de solicitudes vía PCT, la vigencia se contará desde la fecha de presentación de la solicitud internacional.
Título de protección jurídica de un modelo de utilidad, que otorga el Estado, a condición de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un trámite jurídico. El plazo de duración de la patente de modelo de utilidad es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Amenaza actual, importante y significativa de que exista una vulneración al derecho protegido por la ley de competencia desleal.
Etapa prevista para el recaudo de pruebas con base en las cuales se adoptará la decisión definitiva. Contra el acto que las decide no procede recurso.
Aquellas que adquieren los compromisos mediante el ofrecimiento y la aceptación de garantías.
Es el documento contentivo de la información mínima requerida para el registro de signos distintivos (marcas de productos y/o servicios y lemas comerciales, depósito de nombre o enseña comercial).
La conducta en el mercado que restringe ilegalmente la libre competencia.
Acto de carácter jurídico mediante el cual el titular de un derecho de propiedad industrial constituye un gravamen sobre sus derechos tangibles y/o intangibles para constituirlos como garantía a favor de un (os) acreedor (es) prendario (s).
Es el trámite previsto en el artículo 9º de la Ley 1340 de 2009, el cual supone: (i) Que la operación proyectada cumpla con los supuestos previstos en el primer inciso del artículo 9º de la Ley 1340 de 2009 y (ii) El agotamiento de los pasos procesales previstos en el artículo 10º de la Ley 1340 de 2009.
Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme, o utilice uno o más bienes con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores (fabricantes) respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional.
Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al público en general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios producidos por ella misma o por un tercero, destinados a la satisfacción de una o más necesidades de ese público.
Mecanismo probatorio procedente para la verificación de hechos que interesan a la actuación administrativa y que requieren conocimientos especiales científicos, técnicos o artísticos.
Medio por el cual se pretende verificar un hecho.
Para temas de propiedad industrial es el medio de publicidad de una solicitud con el fin de divulgarla para que quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. Es una forma de hacer público a terceros el registro de la Propiedad Industrial.
Es la divulgación de la operación de Integración empresarial en un diario de amplia circulación nacional, según lo previsto en el numeral 2º del artículo 10º de la Ley 1340 de 2009, los numerales 2.3.6, 2.3.6.1 y 2.3.6.2 de la resolución 12193 de 2013.
La entidad fijará mediante resolución el precio máximo, en cualquiera de sus distintos niveles, que los productores y distribuidores podrán cobrar por el bien o servicio en cuestión.
Los productores y distribuidores podrán determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la obligación de informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las variaciones y determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología que la entidad determine.
Inscripción voluntaria que materializa el mandato legal contenido en el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 y permite que los suscriptores accedan a los beneficios creados por la secretaría técnica a efectos de garantizar la efectiva protección de los derechos de los consumidores.
Acto por medio del cual una persona natural o jurídica titular de una marca o quien tuviere legítimo interés, solicita la extensión de la vigencia de la marca por un periodo de diez (10) años. Dicha renovación se hará en los mismos términos del registro original.
Acto por medio del cual el titular del registro marcario solicita la exclusión parcial de algunos de los productos o servicios amparados inicialmente a partir de la concesión de la marca o la cancelación voluntaria de todos los productos o servicios amparados. La renuncia recae sobre los derechos que se tienen respecto de la marca registrada, bien sea de manera total o parcial.
Es la vía procedimental que se ejerce directamente o en subsidio del recurso de reposición, ante la autoridad (cámaras de comercio), que profirió la decisión, para que se surta ante ésta Superintendencia, con el fin de que ésta modifique, aclare o revoque la decisión.
Es la vía procedimental que se ejerce ante el rechazo del recurso de apelación, interpuesto contra un acto emanado de la autoridad.
Oportunidad legal que se otorga al investigado para que ejerza su ejercicio del derecho de defensa, presentando argumentos con el fin de que quien expidió la decisión definitiva la aclare, modifique, adicione o revoque.
Es la vía procesal a través de la cual se solicita directamente al funcionario que adoptó una decisión y/o a su superior inmediato, dependiendo del caso, que la modifique, aclare, revoque o adicione.
Solicitud elevada por una de las partes con el fin de obtener que el FUNCIONARIO COMPETENTE Y/O EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO que tiene conocimiento de la demanda, se separe del proceso, con fundamento en las causales taxativamente dispuestas por la ley. En relación con los peritos, la recusación se rige por lo establecido en el artículo 235 del C.P.C.
Instrumento creado por el legislador en la Ley 1480 de 2011 para organizar y articular a las autoridades nacionales y regionales y a las organizaciones en el país que ejercen funciones de protección al consumidor a efectos de garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones como garantes de los derechos de los consumidores bajo su marco competencial respectivo.
El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la resolución, que en materia de protección al usuario expida la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquellas.
Lista de avaluadores inscritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Documento de carácter obligatorio que establece las características de un producto, servicio, proceso o métodos de producción, expedidos con el lleno de los requisitos exigidos por la Organización Mundial del Comercio y la reglamentación Colombiana, con el doble propósito de proteger intereses legítimos de país, tales como la vida, la seguridad nacional, la protección del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error, y evitar la creación innecesaria de barreras técnicas al comercio. También puede incluir disposiciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, a la prestación de un servicio, a un proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
Desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
Acto por medio del cual el titular del registro marcario solicita la exclusión parcial de algunos de los productos o servicios amparados inicialmente a partir de la concesión de la marca o la cancelación voluntaria de todos los productos o servicios amparados. La renuncia recae sobre los derechos que se tienen respecto de la marca registrada, bien sea de manera total o parcial.
Es la información que las personas obligadas deben remitir periódicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el cumplimiento de los compromisos.
Se otorgan patentes para las invenciones de productos y procedimientos que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Resumen de las principales decisiones adoptadas por las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio en las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Acto por el cual la actora manifiesta su intención de recoger la demanda para no continuar con la acción judicial. Se aplica el artículo 88 del C.P.C, que contempla esta posibilidad siempre que el auto admisorio de la demanda no se haya notificado a ninguno de los demandados y que no se hayan practicado medidas cautelares. El retiro de la demanda, no tiene ningún efecto jurídico, toda vez que la litis no se ha trabado y no imposibilita presentar nuevamente la demanda ante la misma autoridad.
Es aquella función legal atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio quien en tal condición debe velar por la adecuada conformación y funcionamiento de la Red.
Consecuencia jurídica impuesta a quien incumple la orden de comparecer a determinada diligencia, se podría aplicar en los siguientes casos: (i) En cumplimiento del numeral 3° del artículo 101 del C.P.C. por inasistencia sin excusa a la audiencia de que trata la misma norma., en concordancia con el artículo 103 de la ley 446 de 1998. (ii) En cumplimiento del artículo 203 del C.P.C., por la no comparecencia del citado a rendir declaración de parte. (iii) En cumplimiento del artículo 225 C.P.C. por la no comparecencia del citado a rendir testimonio.
Son las actividades de verificación que la Superintendencia de Industria y Comercio realiza de los compromisos adquiridos por las empresas intervinientes cuando la integración en la que participan es aprobada con condicionamientos.
La verificación que la Superintendencia hace del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas que los ofrecieron.
Es la póliza de seguros, garantía y otra forma de caución que las empresas investigadas otorgan a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. El monto asegurado, garantizado o caucionado dependerá de lo señalado para cada caso por la Superintendencia en la resolución de aceptación de garantías.
Se origina como una forma de comunicación que utiliza el empresario para darse a conocer en el mercado y que lo distingue de manera particular.
Es una herramienta de apoyo a la política de regulación de precios de medicamentos, cuya función es controlar de manera efectiva el incremento de los precios a través de la cadena de comercialización. Esto con el fin de proteger a los consumidores, garantizando la plena transparencia de la gestión, una alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con el sector productivo.
Sistema de evaluación empleado por la Superintendencia de Industria y Comercio para supervisar de manera integral y especializada la gestión de las cámaras de comercio.
Escrito mediante el cual la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) formula(n) la petición de que trata el artículo 26 de la ley 256 de 1996 para que, con carácter urgente se decrete la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir actos de competencia desleal.
Oficio remitido a los sujetos vigilados según se definan en las normas sobre protección de datos personales, mediante el cual se solicita información con el fin de que se pronuncien sobre los hechos materia del reclamo y aporten las pruebas que pretendan hacer valer en la actuación, con el propósito de establecer si existe o no vulneración del derecho fundamental del reclamante.
Mecanismo mediante el cual los particulares o la propia administración tienen la posibilidad de controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los requisitos que para el efecto consagra la ley.
Acto unilateral o bilateral de carácter jurídico por medio del cual una persona natural o jurídica titular de un derecho de propiedad industrial, cede o traspasa la titularidad respecto de los derechos de propiedad industrial a favor de un tercero.
Son las empresas que no tienen la calidad de empresas intervinientes en la operación de Integración.
Lapso señalado por la Ley o por el Juez para que se dicte una providencia, se haga uso de un derecho o se ejecute algún acto.
En el incidente de liquidación de perjuicios, corresponde a la actuación posterior a la ejecutoria de la condena en abstracto contenida en la sentencia en los procesos iniciado con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley 962 de 2005, cuyo objeto es liquidar el monto de los perjuicios.
Hace referencia al requisito de la intensidad de uso exigido al titular registral, a fin de estimar cumplida la carga legal de uso. Así, se considera que una marca ha sido objeto de un “uso real y efectivo” cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso.
La ventanilla única de comercio exterior –VUCE, es una herramienta informática que permite la ejecución de trámites a través de la WEB para la obtención de las autorizaciones, permisos, o vistos buenos previos exigidos por las entidades del Estado para poder realizar las actividades de exportación e importación en el País.
Conjunto de operaciones efectuadas por la entidad competente con el fin de comprobar y afirmar que un instrumento o sistema de medición satisface enteramente las exigencias de los reglamentos técnicos metrológicos o instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio para el efecto, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño o modelo aprobado.
Desplazamiento que hacen los funcionarios comisionados de la SIC a alguna(s) sede(s) de las cámaras de comercio del país, con el fin de tener una percepción directa de su funcionamiento y de recabar información en la fuente.
Se entiende como tal, la que se practica por parte de funcionarios del ente de vigilancia y control a determinada persona natural o jurídica, en aras de establecer el cumplimiento o no de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor y demás normas que señalen competencias para tal efecto. Así como las disposiciones contenidas en el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones – Resolución CRC 3066 de 2011 – y el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales – Resolución CRC 3038 de 2011 – y todas las demás que las adicionen o las modifiquen.