Con total éxito terminó en Cartagena el Primer Congreso de Seguridad en Productos de Consumo organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio el cual contó con la participación de doce países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), conferencistas del más alto nivel y cerca de 180 asistentes que se capacitaron sobre la importancia de proteger la seguridad y los derechos de los consumidores.
Durante el primer día del evento, que se llevó a cabo en el Hotel las Américas, los conferencistas provenientes de Portugal, México y España, abordaron temas de gran importancia para los consumidores como la reputación de las empresas, el desarrollo de mejores prácticas para ofrecer productos con más calidad y la necesidad de que los fabricantes ofrezcan mayor información a sus compradores.
Entre tanto en la segunda jornada, Julieta Rodriguez de la OPS aseguró que lo "prioritario es fortalecer las competencias y la comunicación entre autoridades con una visión de salud responsable para así brindarle seguridad a los consumidores de productos que representan un riesgo".
También intervino el consultor experto, Josep Tous quien señaló que los accidentes de consumo seguirán ocurriendo si el consumidor no los reporta; recordó además que 23 mil personas mueren al año en Estados Unidos por accidentes de ese tipo aunque no en todos los casos está involucrado el producto.
El Congreso de Seguridad en Productos de Consumo también fue el escenario para un importante panel sobre lo que está pasando en Colombia en materia de seguridad de automotores, moderado por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez.
En la sesión se discutió sobre si se está reportando adecuadamente la información en Colombia con relación a la seguridad de los vehículos y si hay buenas prácticas y campañas de recall en las empresas que venden los automotores.
Sobre ese mismo tema se pronunció Evelyn Jacyr de la OEA indicando que el 76% de las alertas en Latinoamérica son sobre automotores, mientras que en Estados Unidos es solo un 19% ya que cuando un consumidor conoce de un producto riesgoso debería informarlo a las autoridades durante las siguientes 24 horas.