Si en donde vive una persona las tiendas de zapatos deciden acordar precios o repartirse clientela, por tan solo citar un par de ejemplos, es muy probable que usted como consumidor sufra las consecuencias de la falta de competencia en el mercado: precios altos, poco surtido, falta de incentivos para innovar. Sin opciones, le toca comprar lo le ofrezcan en condiciones muy diferentes frente a si estas tiendas en vez de coordinarse hubiesen decidido competir y así ganarse la clientela.
Por eso, la libre competencia en el mercado es tan importante; porque al existir diferentes empresas que compiten en el mercado en términos de precio, calidad, diversidad y confianza, todos estos elementos apuntan hacia el bienestar del consumidor, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas en el mercado. De hecho, la competencia estimula a los productores a invertir en innovación y tecnología para lograr que su producto se diferencie en el mercado y así conquistar a los consumidores.
De esta forma, el comprador cuenta con la posibilidad de contrastar diferentes niveles de calidad, distintos precios, alternativas de diseño y tomar la decisión de compra que más le convenga. Todos, los ciudadanos, consumidores, productores, agremiaciones y gobierno se benefician de la libre competencia en los mercados.
Libre competencia económica: un derecho de todos
Libre competencia económica es entendida en Colombia como un derecho constitucional, columna vertebral y pilar básico del funcionamiento de una economía de mercado y con un status de derecho de interés colectivo.
Cuando hablamos de interés colectivo, nos referimos a un derecho que requiere de la cooperación y participación activa de la sociedad en relación con su protección. Así, nuestra constitución equipara a la libre competencia a derechos como el ambiente, la moralidad administrativa, el patrimonio, la seguridad y la salubridad pública, por tan solo citar algunos ejemplos contenidos en el artículo 88 de la Constitución.
En tal sentido todos los colombianos tenemos deberes y responsabilidades frente a la libre competencia económica. En nuestras manos está proteger y promover la competencia en el sistema económico colombiano.
SIC protege el derecho colectivo a la libre competencia
El papel de la Superintendencia de Industria y Comercio es ser la autoridad única de competencia en Colombia, que se encarga de vigilar que no se lesione la libre competencia. A través de sus funciones de abogacía de la competencia y el control de integraciones empresariales, busca prevenir que se diseñen incentivos por parte del Estado que promuevan ambientes anticompetitivos en el primer caso, y advertir sobre las consecuencias que se generarían de llevarse a cabo las diferentes fusiones y adquisiciones empresariales en el segundo.
A su vez, como autoridad única de competencia, la SIC adelanta las investigaciones administrativas en relación con comportamientos anticompetitivos tales como acuerdos empresariales de fijación de precios, reparto de mercados, colusión de licitaciones públicas, abusos de agentes de mercado con posición de dominio, entre otros.
En esta línea, es un compromiso para la Delegatura para la Protección de la Competencia investigar, tal como lo hace hoy en día, posibles actuaciones anticompetitivas diferentes sectores de la economía, con el fin de mitigar prácticas que afecten la libre competencia en estos mercados.
En el período comprendido entre enero de 2015 a julio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó 22 casos de acuerdos restrictivos de la competencia, de los cuales 12 se presentaron en el marco de contratación pública. El total de las sanciones impuestas en estos 22 casos, desde el 2015 hasta julio de 2019 es de más de un billón de pesos ($1.227.870'843.018 de pesos). Durante esta administración la Delegatura para la Protección de la Competencia ha producido 9 informes motivados, 4 aperturas, 30 conceptos de abogacía de la competencia y ha revisado más de 115 operaciones de integración empresarial siempre comprometida con proteger y promover la libre competencia económica