Paula tiene $1.000 y desea comprar una barra de chocolate. En un mercado de libre y sana competencia este producto cuesta entre $500 y $600. Paula compra su barra de chocolate a $600 y con los restantes $400 decide comprar un refresco. ¿Cómo impactaría a un consumidor como Paula que los productores de chocolates fijaran el precio en $800? Esta práctica anticompetitiva afectaría a Paula y a su capacidad adquisitiva, pues estaría perdiendo $200, quizás se vería obligada a renunciar al consumo del refresco o incluso al de la barra de chocolate, en caso de que el refresco fuese indispensable para ella.

Cuando varios empresarios se reúnen para fijar el precio de un producto, como los productores de chocolate del ejemplo anterior, conforman “carteles empresariales” o acuerdos entre empresarios con la capacidad de afectar alguno de los elementos sensibles del mercado, tales como el precio y las cantidades de bienes y servicios. Igualmente, pueden llegar a acuerdos para repartir mercados y fijar cuotas de producción, entre otros.

Todos los carteles empresariales tienen algo en común: buscan eliminar o disminuir la competencia en el mercado. Los cartelistas pretenden obtener ventajas que en presencia de competencia no podrían obtener, afectando en últimas a los consumidores.

Veamos cómo funciona el mercado en condiciones de competencia

Tomemos como ejemplo un mercado de chocolates en el cual hay cinco productores. Cada uno de estos busca mejorar su producto, hacerlo diferenciable y disminuir precios para capturar un mayor número de clientes y aumentar sus ventas. Además, todos tienen el mismo objetivo: producir el mejor chocolate y ser preferidos por los consumidores.  Esta dinámica de competencia implica para los productores de chocolate realizar un trabajo constante dirigido a innovar en sus productos, procesos y servicios, y esforzarse día tras día por permanecer vigentes en el mercado.

Y así funciona  el mercado con presencia de carteles empresariales

Frente a una situación como la descrita en el mercado de chocolates, hay empresarios que prefieren eliminar la competencia al acordar con sus competidores aspectos como las cantidades a producir o el precio del producto o servicio. Estas situaciones inhiben la intención de los empresarios de mejorar sus procesos para producir el mismo bien a menor costo y así poder dar un mejor precio al consumidor.

En los carteles de fijación de precios, los consumidores se verán obligados a consumir los bienes y servicios ofrecidos al precio fijado. En los carteles de repartición de mercados, los empresarios saben que podrán cobrar un precio alto pues los consumidores tendrán un solo productor en cada zona.

Carteles empresariales en la contratación pública

El deber ser en un proceso de contratación pública es que quienes puedan ofrecerle bienes y servicios al Estado compitan por ganar un proceso de licitación pública según el precio, la calidad y la innovación que ofrecen.  Así, el Estado puede obtener bienes y servicios de calidad al precio que el mercado está dispuesto a ofrecerlos.

Cuando un cartel empresarial participa en una licitación pública se presenta de manera acordada y coordinada para manipular los precios al alza y direccionar la adjudicación del contrato a un oferente preestablecido por los cartelistas, entre otras situaciones. Como resultado, el Estado termina pagando más por los bienes y servicios que adquiere con los recursos de los ciudadanos.

Compromiso de la SIC frente a las prácticas anticompetitivas

La SIC sabe que al proteger y promover la libre competencia protege a todos los colombianos. Un mercado en el que los empresarios compitan y se esfuercen por posicionar sus productos y servicios, y donde exista pluralidad de opciones en cuando a calidades y precios para los consumidores, es un mercado eficiente y beneficioso para todos.

Como resultado de este compromiso por proteger y promover la libre competencia económica, la SIC ha sancionado 22 casos de carteles empresariales de 2015 a julio de 2019, entre ellos, 12 en el marco de la contratación pública. El monto de dichas sanciones asciende a la suma de $1.108.908'410.801 pesos.

Los carteles empresariales nos afectan a todos

A los consumidores porque pagarán precios más altos por los bienes y servicios que necesitan.

Al Estado porque que pagará mayores precios y adquirirá bienes y servicios de baja calidad afectando los recursos públicos.

A posibles agentes interesados en participar en el mercado, que ante la presencia de carteles empresariales no tiene posibilidad de competir.

A los mercados en general, pues de generalizarse la práctica de cartelización empresarial, se mina la confianza de los consumidores en el mercado.

A la economía colombiana como un todo, pues la vuelve menos competitiva frente a otras, de cara al comercio internacional.