La relevancia que reviste la comercialización de combustibles líquidos, gasolina y ACPM en la economía y calidad de vida de las personas, fue uno de los ejes de discusión en el marco del II Congreso Internacional de Vigilancia de Mercados Regulados, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es que a través de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología legal, la SIC ha trabajado en la construcción del precio máximo que deben pagar los consumidores tanto a nivel nacional como en zona de frontera donde opere el Régimen de Libertad Regulada.
“Entendemos el gran valor que las medidas justas, la metrología, la seguridad del producto y la labor inmensa que adelanta esa Delegatura, redunda no solamente en el beneficio del consumidor, sino en medidas de calidad que impactan en la economía y en el comercio internacional”, señaló el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González.
Precisamente este precio justo de los combustibles es uno de los factores claves a vigilar y controlar teniendo en cuenta su impacto en la economía de los consumidores colombianos, pero también es de gran importancia revisar la producción de la gasolina debido a su repercusión en las condiciones ambientales, tal y como lo mencionó Alejandro Ulloque, Líder de Calidad de Combustibles en Ecopetrol. “La consecuencia potencial de los altos contenidos de azufre en la gasolina, es el posible impacto en la calidad del aire que se respira, sobretodo en ciudades con grandes partes automotores”.
Actualmente, Colombia se encuentra en el segundo rango de países con menor contenido de azufre presente en diésel y gasolina, ubicándose en el rango entre 15 y 50 partes por millón. No obstante, y a pesar de estos niveles, es importante seguir trabajando por controlar dichos factores ambientales, de allí que Ecopetrol proyecte, para el 1 de enero de 2025, tener un diésel de máximo 10 partes por millón de azufre, esto en busca del cuidado del aire que se respira.
Y es que al día de hoy existen en el país 17 millones de vehículos que utilizan combustibles, 300 millones de toneladas anuales de carga terrestre y 30.5 millones de pasajeros que se movilizan al año mediante puertos aéreos. De allí, la importancia de hacer un control de los combustibles debido a su gran rol, como ya se mencionó, ambiental y económico.
“Con el Código de Petróleos se establece que el transporte y la distribución de petróleos, y todos sus derivados, constituye un servicio público. Esto es importante porque establece que el servicio debe ser regular (continuo), adecuado (cumplir con toda la normatividad y la reglamentación técnica) y debe ser eficiente (tener un costo eficiencia adecuado para los usuarios)”, resaltó Sara Vélez, Directora de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.
Una de las grandes conclusiones de este Congreso es, entonces, la necesidad de generar e implementar medidas de control, aseguramiento, prevención y vigilancia, en la distribución, comercialización y producción de combustibles, para evitar impactos negativos en la economía y en las condiciones ambientales de los países que puedan llegar a perjudicar la calidad de vida de los consumidores.