Superintendencia de Industria y Comercio

SIC investiga ventas ilegales de bases de datos

Bogotá D.C., 17 de abril de 2012.-La Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto en el último mes investigaciones contra empresas dedicas a la comercialización de bases de datos con información financiera y crediticia al advertir el presunto incumplimiento de la Ley 1266 de Habeas Data. En los reclamos presentados ante la Superintendencia por ciudadanos que se quejan del mal manejo de su información personal, se ha advertido la posible operación ilegal de empresas firmas que podrían estar comercializando información crediticia y comercial de los colombianos a empresas inescrupulosas o engañando a las fuentes de información y a los ciudadanos. Las quejas de los afectados han puesto en evidencia que estas compañías informales, que al parecer no cumplen con los requerimientos mínimos de funcionamiento, ofrecen sus bases de datos a diferentes compañías financieras y del sector real, sin contar con las autorizaciones que por ley deben obtener de los ciudadanos y sin cumplir con las condiciones de seguridad de la información requeridas para estas operaciones de transferencia.

A través de la recién creada Delegatura de Protección de Datos Personales, la Superintendencia ha implementado un plan de visitas de inspección encaminado a adelantar investigaciones que conduzcan a la identificación de las empresas que se dedican a la comercialización no autorizada de información crediticia y comercial personal. Esta entidad ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación irregular que advierta frente al manejo de su información personal para facilitar la labor investigativa que viene adelantando.

Se debe recordar que, según lo dispuesto por la Ley de Habeas Data, las empresas que se dediquen a la administración de bases de datos crediticias así como las agencias de información comercial, deben ceñir su funcionamiento de manera estricta a los deberes que para cada tipo de compañía administradora de datos exige la norma citada. Los operadores de información, por ejemplo, deben adoptar manuales internos de políticas y procedimientos, contar con un área de servicio para atender reclamos y peticiones, adoptar medidas estrictas de seguridad de la información para evitar accesos no autorizados, actualizar la información cuando se produzcan novedades y suministrarla sólo a las personas autorizadas.

Se debe recordar que en caso de comprobarse que efectivamente se incurrió en conductas ilegales, la Superintendencia cuenta con facultades para imponer multas de hasta 1.500 salarios mínimos, ordenar la suspensión de las actividades de las bases de datos por un periodo máximo de 6 meses u ordenar su cierre definitivo cuando no aplique los correctivos ordenados en la suspensión.