Superintendencia de Industria y Comercio

Nuevas funciones para la SIC en materia de combustibles y turismo

A la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente le fueron asignadas funciones en materia de vigilancia de estaciones de servicio automotrices y fluviales y en materia de turismo.  

En relación con la distribución de combustibles, a través del artículo 4º del Decreto Ley 4130 del 3 de noviembre de 2011, por el cual se redistribuyeron unas funciones del Ministerio de Minas y Energía en otras instituciones, se le asignó a la SIC el control y vigilancia técnica de las actividades de distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo en las estaciones de servicio automotrices y fluviales en todo el país, así como imponer sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas técnicas relacionadas.  La vigilancia también comprende la observancia de las normas sobre aditivación, calidad y cantidad de combustible que se distribuye en las estaciones de servicio.

La norma dispuso un término de transición de 6 meses, tiempo en el cual seguirá ejerciendo la función de vigilancia y control el Ministerio de Minas y Energía.

Por su parte, con la expedición del Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaron nuevas funciones a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en especial la de decidir y tramitar  investigaciones relacionadas con las quejas presentadas por los consumidores, en cuanto al incumplimiento de servicios por parte de los prestadores de servicios turísticos y demás infracciones que se generen sobre la materia, competencia que estaba anteriormente en cabeza del Grupo de Protección al Turista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin embargo, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tiene la obligación de remitir al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la información relativa a las sanciones administrativas que se impongan a los prestadores de servicios turísticos, para un mayor control y vigilancia de los mismos.