El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo del Castillo, reveló en el XII Congreso Nacional de Infraestructura que se realiza en Cartagena, que en la actualidad hay más de 500 agentes del mercado que están siendo investigados por la entidad, debido a posibles casos de colusión en 358 procesos de contratación pública. El funcionario señaló que en dichas investigaciones hay comprometidos recursos por $3.2 billones de pesos.
Robledo del Castillo recordó que la libre competencia es fundamental para que haya un adecuado funcionamiento en la contratación estatal, ya que en estos casos el consumidor es el Estado, que a su vez es quien maneja los recursos y se convierte en el gran afectado cuando se ejecutan prácticas irregulares. Agregó que las normas deben ser más estrictas para todo aquel que pretende obtener un contrato público y debe primar la eficiencia porque ayuda a que los recursos alcancen para más y mejores cosas.
“Colombia debe entender que la sana competencia es una garantía para el buen funcionamiento del mercado y que por eso es importante librar una lucha decidida en contra de la prácticas que afectan también los procesos y licitaciones públicas… El Estado no puede renunciar a tener un poder de investigar y sancionar de manera ejemplar”.
El Superintendente dijo que la economía tiene que estar al servicio de todos los colombianos y no de unos pocos porque Colombia no tiene dueños y más si se trata del Presupuesto Nacional, con el que se contratan bienes y servicios y el cual tiene que estar dispuesto para permitir la mayor cantidad de oferta. “El país debe decidir si quiere unos empresarios competitivos o unos empresarios que se ponen de acuerdo para afectar a los consumidores y al Estado”.
“Para garantizar que se respete esa libre competencia, por la que trabajamos todos los días, ya tenemos unas investigaciones, hemos formulado pliego de cargos e incluso el país sabe que ya hemos impuesto sanciones por cartelización en licitaciones públicas. Tenemos investigadas a más de 529 empresas, hay 358 procesos de contratación estatal involucrados en nuestras investigaciones y si sumamos el presupuesto encontramos que lo que hoy está en lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio supera los $3.2 billones de pesos” indicó Robledo.
Así mismo aseguró que hoy la Superintendencia está haciendo la tarea y ha dado resultados porque es una prioridad del país que todos respeten la libre competencia, que hagamos un esfuerzo común desde las propias entidades públicas, por ejemplo cuando diseñan los pliegos para que no sean a la medida del contratista y que los empresarios se comprometan a terminar con los carruseles.
Reiteró finalmente que se debe abrir el debate sobre el qué hacer con la cartelización por fuera de las licitaciones públicas, porque esas ya están tipificadas como delito y en algunos casos ya incluyen privación de la libertad.