Superintendencia de Industria y Comercio
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La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de 5 personas naturales por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica en el marco de 17 procesos de selección contractual adelantados por varias Alcaldías del Departamento de Nariño. A dos de las personas investigadas a saber, RICHARD ALEXANDER CASTRO ARTEAGA y DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS, se les formuló pliego de cargos como agentes del mercado y, a JAMES ANDRÉS ASCUNTAR PORTILLA, JONATHAN IVÁN ASCUNTAR PORTILLA y LADY CRISTINA MOLINA PATIÑO, se les formuló pliego de cargos como colaboradores de las conductas investigadas.
El objeto de los procesos contractuales era desarrollar distintas obras de construcción, mejoramiento vial y mantenimiento urbano adelantadas en el Departamento de Nariño.
Las pruebas que obran en el expediente indican que la conducta investigada habría consistido en la implementación de una estrategia para colaborarse en todas las etapas de los procesos de selección pública investigados con el fin de incrementar la probabilidad de que alguna de las personas vinculadas con esa dinámica resultara adjudicataria de los contratos correspondientes en detrimento de la libre competencia en el proceso licitatorio. En desarrollo de esa presunta estrategia, estas personas autorizaban y prestaban la documentación para ser inscritas en los procesos de selección pública por terceros, identificaban los procesos de selección en los que podrían participar, elaboraban de manera conjunta las propuestas correspondientes y distribuían los beneficios de los contratos cuya adjudicación lograban obtener.
La actuación administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, inició con ocasión de una denuncia presentada por la Alcaldía Municipal de Ipiales, Nariño, en el marco del proceso de selección pública No. S.A.006-2017 que tenía por objeto el mejoramiento vial del resguardo indígena de YAMARAL, mediante la construcción de la placa huella en la vía de ingreso al resguardo.
A partir de esa información, se desarrollaron actividades investigativas que permitieron identificar que, presuntamente, la conducta materia de investigación no se habría limitado únicamente al caso denunciado, sino que se habría extendido a 16 procesos de contratación estatal.
