Superintendencia de Industria y Comercio
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El Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor confirmó en segunda instancia las multas impuestas a las referidas sociedades, cada una por valor superior a los $184 millones, en tanto se encontró probado que infringieron los artículos 6 y 19 de la Ley 1480 de 2011, al poner a disposición de los consumidores productos que ponían en riesgo su salud e integridad física, sin adoptar las medidas correctivas y sin informar lo pertinente a esta Autoridad, considerando que las acciones implementadas, además de tardías, se adelantaron con ocasión a las averiguaciones que antecedieron la presente investigación.
La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal analizó la responsabilidad que le asiste a quienes ostentan la calidad de diseñadores de las instalaciones eléctricas en relación con el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales contenidas en el RETIE, particularmente en lo que se refiere a la verificación de aspectos que le apliquen según el tipo de instalación y la complejidad de la misma, siendo en el presente caso, objeto de la discusión, las distancias mínimas de seguridad entre el Conjunto Residencial Lagos Club del municipio de Ocaña, Norte de Santander y la zonas de servidumbre de la línea de transmisión Ocaña - Convención.
La Superintendencia de Industria y Comercio, después de más de 10 meses de indagaciones, formuló Pliego de Cargos a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL (FCF), TICKETSHOP, TICKETYA, sus altos directivos y varias otras personas, por haber planeado, diseñado y ejecutado una estrategia o procedimiento que habría dado como resultado la desviación masiva de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol disputados por la Selección Colombia en su condición de local en la ciudad de Barranquilla en el marco de la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.
Las personas que se encuentren en situación de desplazamiento forzado, secuestro o desaparición forzada y hayan incumplido sus obligaciones dinerarias por esta razón, tendrán derecho a que dicho incumplimiento no se refleje como información negativa en su reporte a los operadores de información.
Los certificados de existencia y representación legal expedidos por las Cámaras de Comercio, deben reflejar la situación actual de la persona jurídica conforme a los documentos que han sido inscritos. En este sentido deben constar todas las inscripciones realizadas, por ejemplo, las relativas a embargos y demás medidas cautelares proferidas por las autoridades competentes, las cuales producirán efecto respecto de terceros a partir de la fecha de su inscripción, por ser considerados actos de ejecución contra los cuales no procede recurso alguno.
La excepción establecida en el literal a) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 es predicable de aquellos eventos en los cuales la normativa le otorga prerrogativas a una autoridad administrativa para el desarrollo de sus competencias funcionales y que requiera dicha información en cumplimiento de una función pública establecida en el ordenamiento jurídico, recordando en todo caso que la prestación de servicios públicos por entidades estatales no reviste la connotación ni el carácter de función pública, caso en el cual, el prestador de servicios públicos deberá obtener autorización previa para obtener la información que requiere.