Superintendencia de Industria y Comercio

El Proyecto presentado por el Ministerio de Minas y Energía surge de la necesidad de contar con medidas contingentes antes emergencias de abastecimiento de hidrocarburos y combustibles líquidos en el marco del Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía. Así las cosas, el Proyecto tiene como objeto establecer medidas en atención a dichas emergencias (nacionales e internacionales) que afecten el abastecimiento en cuestión. Este Proyecto tiene dos artículos: el primero trata de las medidas de priorización de demanda de los consumidores de hidrocarburos, combustibles fósiles y sus mezclas con biocombustibles y de restricción de oferta de dichos bienes. Por su parte, el segundo artículo se refiere a la constitución de reservas de emergencia de petróleo.

Ahora bien, el análisis se divide en dos ejes temáticos. El primero trata de los efectos de la intervención regulatoria sobre la libre competencia, para lo cual se ha evaluado el Proyecto a la luz del Cuestionario de Abogacía de la Competencia. De dicha evaluación se encontró que la intervención limitaba el número o variedad de firmas en los mercados relacionados, como también la capacidad de las empresas para competir. Es importante mencionar que el objetivo de esta primera parte es orientar al regulador para que, en futuras regulaciones, tome en consideración las implicaciones de este tipo de medidas sobre la libre competencia. 

Por su parte, el segundo eje temático discute sobre las futuras medidas encaminadas a la reglamentación de la priorización de demanda, restricción de oferta, y constitución o liberación de reservas. Esto porque la medida de regulación deja espacio para futuras intervenciones que, en el margen de lo concluido en la primera parte del análisis sobre la incidencia en la competencia, impactaría en las dinámicas competitivas del sector intervenido. El objetivo de este segundo eje es resaltar la importancia de que la autoridad de regulación realice el trámite de abogacía de la competencia ante la Autoridad de Competencia frente a la subsiguiente regulación.

Debido a lo anterior, esta Superintendencia emite una recomendación, la cual es "Someter la reglamentación de (i) las medidas de priorización o restricción de la oferta y (ii) la constitución y liberación de reservas de petróleo al respectivo análisis en sede de abogacía de la competencia ante esta Superintendencia".

El Proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional tiene por objetivo la reglamentación de los artículos 63 y 66 del Decreto Ley 356 de 1994. Esto con el fin de establecer los lineamientos y criterios aplicables a los programas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada- PEIS, así como a la actividad específica que desarrollan las Escuelas y Departamentos de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, en ejercicio de la enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada. Lo anterior, según el MinDefensa, se fundamenta en la medida que la normatividad en relación con esta materia no se encuentra vigente o carece de presunción de legalidad. 

Por las razones expuestas, el Proyecto está compuesto por 3 artículos principales. En el primero se adiciona la sección 13 al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa el cual contiene a su vez 59 artículos. En el segundo, se modifica una regla referida a la capacitación y entrenamiento en lugar distinto a la sede principal, sucursales o agencias. Y, por último, el tercer artículo sugiere que las directrices introducidas por el Proyecto rigen a partir de su publicación y derogan las disposiciones contrarias a las Resoluciones 5679 de 2008 y 4973 de 2011. 

Ahora bien, en lo que se refiere al análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, se aborda desde dos secciones. En la primera sección, se realizan unos comentarios generales, dentro de los cuales se precisa que la Autoridad de Competencia no evidencia que las modificaciones introducidas al PEIS impliquen una afectación a la libre competencia económica. De igual forma, se destacan como aspectos positivos del Proyecto las disposiciones relativas a: (i) la homologación de los veteranos y (ii) el periodo de 18 meses contenido régimen de transición.  

En la segunda sección, se discute sobre las lógicas económicas y su relación con los lineamientos introducidos por el Proyecto. Con relación a este punto, esta Superintendencia advierte que el impacto que pueden tener las regulaciones en el mercado no sólo tiene una connotación negativa, toda vez que el impacto económico pueda hacer alusión a un efecto procompetitivo atribuible a la medida de intervención. En ese sentido, se considera procompetitiva la medida con relación a dos aspectos: (i) la estandarización de lineamientos en la prestación del servicio de las capacitaciones y entrenamientos de vigilancia y seguridad privada, lo cual conlleva a la homogenización del bien tratado; y (ii) la homologación de los miembros de la fuerza pública, que se traduce en una mayor concurrencia en el mercado. 

Debido a lo anterior, esta Superintendencia no formula ninguna recomendación frente al Proyecto presentado por el MinDefensa.