Superintendencia de Industria y Comercio

En primer lugar, la problemática identificada por la CRC que motiva la formulación del Proyecto es la siguiente: “El régimen de calidad no se adecúa a las necesidades de medición que han ocasionado los cambios en las redes y servicios de telecomunicaciones”. Con el propósito de resolver la problemática, la CRC revisó 23 temáticas sobre el régimen de calidad mediante las metodologías de: (i) análisis multicriterio; (ii) análisis multicriterio y análisis de costo-efectividad; (iii) análisis costo-efectividad y (iv) simplificación normativa. A partir de este ejercicio, decidió modificar 17 temáticas y mantener 6 de ellas en statu quo. 

Frente a los servicios móviles, el Proyecto incluye indicadores para el servicio de voz móvil sobre 4G (VoLTE) e introduce indicadores de datos móviles 4G de experiencia del usuario, eliminando los indicadores de datos 4G vigentes. Así mismo, modifica los indicadores de calidad en datos móviles 3G, elimina los valores objetivos para indicadores de disponibilidad de elementos del EPC (Evolved Packet Core) para 4G, 3G y 2G y modifica la obligación de presentación de planes de mejora por disponibilidad de estaciones base. En servicios fijos, se derogan los indicadores de voz fija de calidad extremo a extremo para redes NGN (Next Generation Networks) y Bit Error Rate (BER) para televisión cerrada y se modifican los indicadores de datos fijos para el servicio de internet mediante acceso satelital. 

Dos de los cambios de mayor envergadura son: (i) la modificación de la metodología de medición de indicadores, pasando del modelo de sondas a un modelo de Crowdsourcing a través de los terminales móviles de los usuarios; (ii) modificación del listado de municipios exceptuados del cumplimiento e informe de indicadores de calidad para servicios y móviles, con el fin de actualizar el número de excepciones debido a la evolución en las condiciones de infraestructura. Por último, mediante la metodología de simplificación normativa, la CRC decidió eliminar la presunción general de imposibilidad de cumplimiento en situaciones de atención de emergencias, conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, derogar los artículos 1 y 6 de la Resolución CRC 6370 de 2021 y eliminar la medición de indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes con tecnología 2G. 

Ahora bien, el análisis llevado a cabo por la Autoridad de Competencia se dividió en tres: (i) sobre la calidad, la competencia y el mercado; (ii) sobre la elección del tercero encargado del Crowdsourcing en manos de la industria; y (iii) sobre la disponibilidad de información histórica de los indicadores.  Frente al primero, la Superintendencia introduce el modelo de Lahmandi-Ayed de oligopolio natural bajo diferenciación vertical para explicar las consecuencias de la medida regulatoria. Sobre estos aspectos, la Autoridad de Competencia prevé costos asociados a la calidad, donde esta última permite incrementar margen y, por ende, el poder de mercado. Adicionalmente, se aprecia que, inherente a la presencia de retornos crecientes en los costos, hay barreras de entrada endógenas dentro del mercado tratado que, en conexión con el ajuste de calidad, pueden consolidarse e incrementarse debido a la posibilidad de incurrir a cambios en OPEX y CAPEX. Por lo anterior, la Superintendencia parte del modelo microeconómico para dar cuenta de los efectos de la calidad y los factores que inciden en ella. 

En relación con el segundo eje, la Superintendencia considera pertinente un proceso en competencia en el que la elección del tercero se rija bajo el principio de selección objetiva, con ocasión de un escenario de competencia por el mercado. Adicionalmente, la Autoridad de Competencia realiza una crítica a la opción de suscripción del contrato con el tercero, el cual se da en virtud de una figura asociativa. Lo anterior porque, pese a los efectos procompetitivos que puedan surgir del uso de dicha figura en otros escenarios, el regulador no justifica adecuadamente cuáles serían las ventajas de la mencionada figura, como tampoco da cuenta de un análisis al respecto. Con respecto al tercer eje de análisis, esta Superintendencia se percató de la eliminación de varios indicadores que, si bien obedece a causas legítimas y técnicas, no ha de perderse la trazabilidad de la información entre períodos. En otros términos, debe garantizarse la disponibilidad de información sobre el comportamiento histórico de los indicadores de tal forma que puedan compararse los datos con los nuevos indicadores. De esta manera podrá evaluarse el comportamiento del mercado y de los indicadores en un periodo específico, lo que favorece el ejercicio del análisis. 

El Proyecto tuvo por objeto establecer los requisitos de fortificación aplicables a la producción, importación y comercialización de arroz, harina de maíz y harina de trigo y alimentos procesados con fortificación obligatoria, con el fin de contribuir a la reducción de las deficiencias de micronutrientes esenciales en la población colombiana. 

Esta Superintendencia realizó el análisis desde la óptica de la libre competencia económica respecto de los siguientes puntos: (i) las excepciones a la aplicación de las disposiciones contenidas en el reglamento técnico a expedir; (ii) las cantidades mínimas de micronutrientes a fortificar mediante los alimentos considerados en el ámbito de aplicación; (iii) la elección del procedimiento para la evaluación de la conformidad; (iv) los costos asociados a la implementación del reglamento técnico, y; (v) el plazo de implementación 

En relación con el primer punto, esta Superintendencia explicó que las excepciones a la aplicación de una norma, entre estas los reglamentos técnicos, constituyen un trato diferenciado que hace más laxas las condiciones para un agente respecto de los demás que participan en el mercado. Por lo que enfatizó en la importancia de que la excepción se encontrara debidamente soportada desde una perspectiva técnico-económica para evitar la creación de un trato diferenciado injustificado a través de la regulación que genere efectos contrarios a la libre competencia económica. Una vez revisada la documentación aportada por el regulador en el marco de la expedición del concepto, esta Autoridad encontró sustentadas todas las excepciones incluidas en el ámbito de la sección 4.2 del Proyecto. 

En segundo lugar, esta Superintendencia se refirió a las cantidades mínimas de micronutrientes a fortificar que serían introducidas en el Proyecto, advirtiendo que el regulador no incluyo el sustento técnico económico de la selección de dichas cantidades en el marco de la elaboración de la documentación soporte aportada. Por lo que la Autoridad hizo énfasis en la importancia de que los requisitos técnicos incorporados tengan sustento en criterios objetivos o en estándares internacionales. Lo anterior, con el fin de evitar que estos pudieran constituirse en una barrera de entrada con la potencialidad de limitar el libre acceso de agentes al mercado de comercialización de harina de trigo, harina de maíz y arroz en Colombia. 

Además, la Superintendencia se pronunció en relación con el procedimiento que habría seguido el regulador para la selección de la declaración de primera parte como procedimiento de evaluación de la conformidad. La Autoridad no halló dentro del contenido del AIN aportado, la caracterización de los riesgos que habría motivado la selección de la alternativa de declaración de conformidad de primera parte, como procedimiento estándar para la evaluación de la conformidad de las especificaciones técnicas incorporadas en el reglamento a expedir, en concordancia con las disposiciones contenidas en el Decreto 1595 de 2015. Al considerar que la adopción de una declaración de primera parte podría constituirse como un procedimiento menos oneroso para la evaluación de la conformidad, elevando la probabilidad de que coexistieran empresas que cumplan y no cumplan a cabalidad el reglamento, esta Superintendencia considero que dicha circunstancia podría operar comprometiendo la competencia, en igualdad de condiciones, entre las empresas que participan en los sectores contemplados en el ámbito de aplicación. Por lo tanto, le recomendó al Minsalud se justificar la elección de la declaración de primera parte como procedimiento de evaluación de la conformidad 

A continuación, esta Superintendencia se refirió a los costos asociados a la implementación del reglamento técnico, recomendándole al regulador que efectúe un análisis de los costos adicionales que percibirán las industrias consideradas dentro del ámbito de aplicación, con ocasión a la expedición del reglamento técnico, analizando el impacto de la regulación tanto para las grandes como para las pequeñas y medianas empresas. En virtud del resultado de dicho análisis, esta Autoridad le recomendó al regulador que, en caso de comprobar que el reglamento técnico compromete: la permanencia de los oferentes que ya concurren a estos mercados, la concurrencia de nuevos oferentes, y/o los objetivos de política pública, se abstuviera de incluir un programa de fortificación, en los términos señalados en el Proyecto aportad, y en su lugar, evaluara modificar su alcance y ámbito de aplicación. 

Por último, esta Superintendencia se pronunció en relación el plazo de implementación del Proyecto, recomendándole al Minsalud que fije un plazo suficiente y debidamente sustentado para que los agentes puedan ajustar su proceso productivo a las exigencias del Proyecto, en aras de evitar que el reglamento técnico pudiera excluir a aquellos agentes de mercado que por su tamaño o proceso productivo no lograrán adecuarse a las disposiciones contenidas en un tiempo menor.