Superintendencia de Industria y Comercio

El Proyecto cuenta con un total de 7 artículos que pretenden modificar los artículos 2, 10, 11, 13 y 21 de la Resolución CREG 024 de 2013 para adecuar la regulación sobre participación en procesos de selección para la expansión de los STR a lo ordenado por el artículo 40 de la Ley 2099 de 2021. De acuerdo con la exposición de motivos de la mencionada ley, la participación de los Transmisores Nacionales en la ejecución de proyectos del STR pretende generar dos grandes efectos en el mercado: (i) Mayor concurrencia de agentes en los procesos de selección, lo que podría generar precios más eficientes a través de la competencia; (ii) Mitigar el riesgo de que los procesos de selección para la ejecución de proyectos de expansión del STR sean declarados desiertos, con lo que se garantiza la ejecución de la infraestructura para la prestación del servicio en condiciones de calidad y cobertura.

En relación con el primer objetivo, la Superintendencia consideró que la participación de un mayor número de agentes podría intensificar la competencia por la ejecución de la infraestructura. Ahora bien, en relación con el segundo objetivo, considero que el incremento en el número potencial de oferentes en capacidad de concurrir a los procesos de selección reduce el riesgo de procesos declarados desiertos. Sin embargo, no elimina por completo el riesgo de que un proyecto en el STR no tenga interesados para su ejecución, ya que los Transmisores Nacionales, al igual que los OR, son libres de decidir si es de su interés participar. Por lo anterior, será responsabilidad de la UPME continuar diseñando procesos de selección lo suficientemente atractivos para incentivar la mayor participación de agentes al mercado, lo que permitirá alcanzar mayores grados de competencia y precios más eficientes.

Después de analizar las condiciones remuneratorias de la Resolución CREG 024 de 2013, la Superintendencia concluyó que la participación del Transmisor Nacional en la ejecución de proyectos de expansión de los STR, no le confiere la facultar para determinar de manera unilateral los precios que van a percibir los agentes por concepto de distribución de energía eléctrica. Por lo tanto, no se advierte riesgo alguno de que el agente pudiera abusar de su posición dominante sobre la infraestructura que compone el sistema ampliado para determinar unilateralmente los precios que se perciben en el marco de la ejecución de dicha actividad. Por el contrario, es mediante los resultados del proceso de selección que se determinarán los precios eficientes de prestación del servicio. Por lo anterior es posible concluir que la remuneración que percibirán los Transmisores Nacionales en el marco de dichos procesos de selección se determinará a partir de las ofertas enviadas por los proponentes por lo que resultará fundamental que el diseño del mecanismo de asignación de contratos incentive la competencia efectiva entre proponentes para obtener los precios más competitivos y que se efectúen los estudios de mercado requeridos para fijar un presupuesto inicial acorde con los verdaderos costos de la expansión de la infraestructura.

En síntesis, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el proyecto no genera preocupaciones desde la perspectiva de la libre competencia económica, por lo que no se formularon recomendaciones en el concepto de abogacía de la competencia.

El proyecto de resolución tiene por objeto autorizar a COTEL para iniciar la fase de experimentación en el sandbox de redes y servicios de comunicaciones para el proyecto Herramienta SOC (Service Operation Center). Como parte integral de dicha autorización, el proyecto establece las condiciones relacionadas con: (i) el periodo previsto para la fase de experimentación, (ii) el régimen de flexibilización normativa, (iii) la delimitación geográfica del experimento, (iv) el periodo previsto para la fase de salida, y (v) los reportes de información correspondientes a la CRC.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio no evidenció que la autorización tuviese incidencia en la libre competencia económica en los mercados, en los términos en que establece el Decreto 2897 de 2010. Entre otros aspectos, la Autoridad de Competencia no evidenció que el régimen de flexibilización regulatoria propuesto tuviese incidencia en la capacidad de COTEL de ofrecer bienes y servicios en el mercado, o que de cualquier manera afectara negativamente la participación de otros Prestadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles. La Entidad tampoco evidenció que a raíz de la autorización se genera una variación significativa en los costos de COTEL, que de cualquier manera pudiese traducirse en una ventaja significativa frente a sus competidores.

En todo caso, señaló que, aun en el evento en que el acto administrativo de autorización originara ventajas competitivas en favor de COTEL, lo anterior ocurriría en el marco de un espacio temporal de experimentación regulatoria. De este modo, teniendo en cuenta que las características y condiciones de diseño de aquel espacio ya han sido objeto del control ex - ante de Abogacía de la Competencia, y que la autorización fue precedida por un proceso de evaluación basado en criterios de selección objetivos, previamente determinados por la entidad de regulación, y publicados para el conocimiento de todos los interesados, cualquier ventaja adquirida por el proveedor seleccionado como resultado de la experimentación sería apenas natural como parte de la participación del proveedor en el sandbox regulatorio.