Superintendencia de Industria y Comercio

El proyecto de resolución tiene por objeto la adopción del reglamento técnico para la evaluación de desempeño de los sistemas de contención vehicular que se produzcan o comercialicen en Colombia, destinados a la infraestructura carretera en todo el territorio nacional. De manera específica, el mismo sería aplicable a productores y proveedores de dichos sistemas, cuyo destino fuese la red vial de transporte terrestre automotor, viaductos y puentes en el territorio nacional.

Al respecto, primero, esta Superintendencia se pronunció frente a los efectos de la implementación de normas técnicas internacionales para la libre competencia económica, destacando que la adopción de estándares de común utilización internacional hace de la regulación menos restrictiva. En este sentido, destacó que la que la incorporación de las normas del CEN en el reglamento podría ser un incentivo para el flujo de bienes, servicios y capital entre países, tratándose así de una medida pro-competitiva.

No obstante, la Autoridad de Competencia encontró que el proyecto podría generar restricciones en materia de libre competencia económica debido a la inspección visual exigida para certificar el cumplimiento de requisitos de etiquetado y rotulado. En efecto, tal requisito podría hacer que los importadores de sistemas de contención vehicular, a pesar de contar con un certificado de conformidad de producto emitido por un organismo de evaluación de la conformidad extranjero, tuviesen que adelantar un segundo proceso de certificación al momento en que su producto ingresara al país, con posterioridad al proceso de etiquetado y rotulado correspondiente. Como efecto de esta doble certificación, la medida podría generar un incremento en los precios de los productos importados, en comparación con los productos de fabricación nacional. Todo lo anterior, en la medida en que los requisitos de rotulado y etiquetado previstos en el reglamento no se basan en un estándar de común utilización internacional.

En este orden de ideas, la Autoridad de Competencia recomendó eliminar este requisito, en aras a que fuesen las mismas autoridades de inspección, vigilancia y control, o inclusive las entidades contratantes, quienes se encargaran de tal verificación. No obstante, de considerar indispensable la adopción del requisito en mención, la esta Entidad recomendó al regulador adoptar estándares de común utilización internacional relativos a la información mínima de etiquetado y rotulado de sistemas de contención vehicular

El proyecto de resolución objeto de revisión busca establecer los parámetros para la devolución del IVA a favor de los turistas extranjeros que destinen los bienes adquiridos dentro del territorio nacional para su uso o consumo en el exterior, la cual será efectuada a través de una Empresa Operadora de pagos (“EOP”).

En su análisis, primero, esta Superintendencia manifestó que el mecanismo previsto para la autorización de la EOP supone un escenario de competencia por el mercado. Al respecto, esta Entidad ha reconocido que tal modalidad supone un verdadero esfuerzo competitivo, previo a la entrada de uno o varios agentes en un mercado en particular. En este sentido, encontró que varias de sus disposiciones podrían impactar indebidamente la dinámica competitiva en aquel escenario de competencia por el mercado.

En primer lugar, mencionó que existía una falta de sustento técnico y económico tanto de los requisitos de habilitación, como de los requisitos para suscribir el convenio como EOP ante la DIAN. En cuanto a lo primero, observó que la documentación aportada por la DIAN no ofrecía un sustento que justificara (i) los indicadores empleados para demostrar la capacidad financiera y operacional y (ii) los requisitos para demostrar la experiencia de los interesados. Frente a lo segundo, esta Autoridad no solo no encontró sustento de los criterios tenidos en cuenta para determinar el monto de las garantías que debía ofrecer el interesado seleccionado, sino que las mismas habían sido señaladas como excesivas y onerosas por parte de los terceros interesados. Ambos factores podrían tener como resultado un menor número de agentes que pudiesen estar habilitados y suscribir el convenio como EOP. Por estas razones, recomendó adelantar un análisis del sector relativo al objeto a contratar, sustentar la inclusión de cada uno de los requisitos habilitantes de cara a las condiciones de mercado, y sustentar la determinación de la cuantía de las garantías para la suscripción del convenio de EOP.

En segundo lugar, la Autoridad de Competencia manifestó que tanto el plazo establecido para la presentación de manifestaciones de interés, como el medio previsto para efectuar dicha presentación, podrían (i) reducir el número de oferentes que, efectivamente, puedan ser seleccionados como la EOP autorizada y (ii) facilitar un escenario de colusión entre los oferentes interesados. La Entidad explicó que lo primero se debía a que un plazo de diez (10) días hábiles podía no resultar suficiente para que un alto número de interesados pudiese reunir los documentos necesarios para demostrar la capacidad jurídica. A su vez, manifestó que lo segundo se debía a que la DIAN exigía que las manifestaciones de interés fuesen presentadas en las oficinas físicas de la DIAN, por medio de dos (2) sobres físicos. Por lo anterior, sugirió ampliar el plazo para la presentación de manifestaciones de interés y requerir que las mismas fueran aportadas a través de medios electrónicos.

Por último, esta Superintendencia recomendó determinar una condición de competencia para la selección de EOP que garantizara un menor costo de intermediación ofrecido por los interesados. Lo anterior, teniendo en cuenta que el mecanismo de selección previsto por la DIAN permite que, si un solo interesado resulta habilitado, el mismo pueda ser seleccionado como EOP, sin considerar el porcentaje de costo de intermediación ofrecido. Tal medida podría generar un efecto explotativo en el mercado, pues al no ser el costo de intermediación un factor de competencia principal, terminará percibiendo una erogación monetaria que, en presencia de un proceso competitivo entre las empresas interesadas en ser EOP no habría tenido que soportar.