Superintendencia de Industria y Comercio
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Protección de la Competencia
Adoptar las dos recomendaciones enunciadas en el numeral 5.1 las cuales fueron proferidas por esta Superintendencia en el concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-437430.
Especificar de manera taxativa cuáles son los resultados del análisis del sector que pueden justificar la inclusión de las reglas para el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.
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El Proyecto pretende modificar los siguientes documentos tipo: (i) De obra de infraestructura de transporte; (ii) De consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte; (iii) De obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, y de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad llave en mano; y (iv) De obra pública de infraestructura social con el fin de ajustarlos de acuerdo con lo contenido en el Decreto 1860 de 2021 que reglamenta los artículos 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 o “Ley de Emprendimiento”; con ocasión de los comentarios realizados por entidades técnicas y/o especializadas; y con la identificación de reglas que requieren ajustes para mayor claridad en su implementación.
Específicamente, esta Superintendencia identificó 23 modificaciones a dichos documentos tipo y le recordó al regulador que cualquier desarrollo regulatorio que pretenda incorporar criterios diferenciales a los documentos tipo para la contratación pública, debe tener en consideración las recomendaciones proferidas por esta Superintendencia frente a este particular en conceptos de abogacía anteriores, máxime si fueron expedidos en desarrollo de los actos administrativos que originaron la reglamentación de tales criterios diferenciales. Lo anterior, sin perjuicio de que la potestad reglamentaria y la motivación de la expedición del acto administrativo se encuentren soportadas en una norma de orden jerárquico superior.
De acuerdo con lo anterior y en la medida en que se trata de un proyecto de resolución que encuentra su fundamento en normas de carácter superior -Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021- y en particular, en una norma cuyo proyecto fue analizado por esta Superintendencia en el marco del concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 21-437430, dirigido al Departamento Nacional de Planeación, se llama la atención sobre la importancia que reviste la adopción de las recomendaciones allí consignadas.
Por otra parte, y frente a las modificaciones propuestas con ocasión de comentarios realizados por entidades técnicas y/o especializadas y de la identificación de reglas que requiere ajustes para implementar los documentos tipo; esta Autoridad de Competencia identificó que tales modificaciones pueden agruparse en tres categorías, frente a las cuales se efectuó el análisis desde la perspectiva de la libre competencia:
La precisión sobre el alcance de algunas reglas contenidas en los documentos es determinante para propiciar un ambiente de competencia en el que los agentes del mercado cuenten con reglas claras para su participación y, en consecuencia, se evite que, por falta de claridad en el alcance de algunas de estas reglas, algunos agentes encuentren limitaciones para participar en el mercado. En este sentido, se reconoce la necesidad de efectuar modificaciones en relación con el alcance de algunas reglas para garantizar la correcta aplicación de estas, de acuerdo con cada sector y modalidad en particular.
Incluir lo descrito en el numeral 6.3 del artículo 6 sobre los requisitos técnicos y ensayos equivalentes del Proyecto en el capítulo de equivalencias.
Analizar todos los efectos que puede conllevar el cumplimiento e implementación del reglamento técnico frente al mercado (productores, ensambladores, comercializadores, consumidores, etc.).
Soportar las condiciones técnicas (normas técnicas) exigidas con base no solo en criterios técnicos como el cilindraje y la potencia nominal, sino también en las elasticidades de la demanda y las características del mercado.
Soportar los períodos de transición con base no solo en criterios técnicos como el cilindraje y la potencia nominal, sino también en las elasticidades de la demanda y las características del mercado.
Justificar los plazos contenidos en el artículo 28 del Proyecto con base en las condiciones y realidades del mercado de tal manera que estos propendan por que la industria tenga la capacidad de cumplir con las exigencias técnicas en los períodos establecidos.
N/A
N/A.
Incorporar indicadores de impacto que se atribuyan a las llantas neumáticas de motocicleta.
N/A
El Ministerio de Transporte presentó a la Superintendencia proyecto de resolución cuyo objeto es establecer el reglamento técnico (en adelante “RT”) aplicable a las llantas neumáticas que son destinadas a VAM que se comercialicen en Colombia. La norma es aplicable a productores y proveedores de VAM que incorporen llantas neumáticas nuevas, además de productores y proveedores de dichas llantas que sean destinadas a ensamblaje de VAM o como equipo de repuesto. El RT establece unos requisitos mínimos de rotulado, además de que establece lineamientos basados en el Reglamento ONU 75, cuya equivalencia FMVSS es el Estándar 119 New pneumatic tires for Motor Vehicles with GVWR of more than 4.536 kg (10.000 lbs) and motorcycles.
A raíz del incremento en la siniestralidad vial de usuarios de vehículos automotores tipo motocicleta (en adelante, “VAM”), el regulador lleva a cabo la identificación de problemáticas cuyos efectos multidimensionales conllevan a siniestros multicausales. Una de estas problemáticas es la calidad de llantas neumáticas, sobre la cual la autoridad de regulación encuentra la ausencia de parámetros técnicos del desempeño de llantas, así como de lineamientos para el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control con respecto a dicho desempeño. Asimismo, encuentra que hay un bajo nivel de conocimiento y exigencia de los consumidores acerca del mencionado desempeño.
La Autoridad de Competencia dividió en tres partes el análisis del proyecto. La primera trata de las Generalidades del Proyecto, en el que se describe el proceso de selección de la alternativa regulatoria por parte del regulador, cuyo objetivo fue aumentar la eficiencia del desempeño de las llantas neumáticas de motocicleta a través de: la elaboración de buenas prácticas para la evaluación de desempeño; el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control; y el fortalecimiento de procesos de información a consumidores sobre relevancia del desempeño en llantas. La segunda parte del análisis tuvo como tema central los beneficios de los reglamentos técnicos, los cuales han sido constantemente referenciados por esta Superintendencia en conceptos previos, además de que se advirtió de los incrementos en los costos asociados a la medida.
La última parte del análisis fue abordada por la Superintendencia para discutir sobre los indicadores ex post de la medida regulatoria. Al respecto, esta Autoridad de Competencia encontró dos problemas: Problema de efectividad y Problema de comparabilidad. Sobre el primero, los indicadores no acotaban los siniestros a los atribuidos a los neumáticos. Sobre el segundo, la falta de interacción entre indicadores puede conllevar a la incapacidad de compararlos, lo cual es recurso que puede ser aprovechado por el Regulador. Al final, la Superintendencia recomendó incorporar indicadores de impacto que se atribuyan a las llantas neumáticas de VAM.
Justificar los requisitos exigidos para el registro ante el ICA de los perfiles mencionados en aras de evitar distorsiones en el ejercicio de la actividad económica de los regulados.
Justificar el periodo establecido para la entrada en vigencia de las medidas propuestas.
N/A
El Proyecto presentado es el resultado de la búsqueda por parte del Instituto Colombiano de Agropecuario - ICA - de una garantía en la calidad fitosanitaria de las flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a mercados especializados. Lo anterior, con el fin de implementar y desarrollar productos o servicios tecnológicos que provean servicios de valor, en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”. De esta forma, el Proyecto tiene como objeto garantizar la calidad fitosanitaria de las especies ornamentales a través del establecimiento de requisitos para el registro ante el ICA de acuerdo con tres perfiles: (i) los lugares de producción para exportación, (ii) el Exportador, (iii) o el Importador. Las disposiciones del Proyecto aplican para toda persona, natural o jurídica, cuyo giro de negocios se desenvuelva en cualquiera de los tres perfiles mencionados.
Sobre los lineamientos del registro para los tres perfiles mencionados, se dividen en dos: Los requisitos y las obligaciones a titulares. Sobre los primeros, los lugares de producción y exportador deben cumplir con requisitos de infraestructura y de información, mientras que el importador únicamente debe seguir la directriz de los requisitos de información. Sobre las obligaciones de titulares, los lugares de producción y el exportador debe cumplir con obligaciones generales y específicas respecto de los asistentes técnicos, mientras que el titular de importador tiene únicamente obligaciones generales.
El análisis se dividió en cuatro partes: (i) a primera trata de las virtudes del cuestionario de abogacía de la competencia a la luz de este Proyecto; (ii) la segunda parte aborda los cambios introducidos por el Proyecto con respecto a la norma hoy vigente; (iii) la tercera parte se ocupa de la relación existente entre la medida y el tipo de titular o perfil, de cuya interacción emerge la necesidad de que los requisitos se compadezcan con las actividades de dichos perfiles y del mercado; y (iv) la cuarta parte se ocupa del tiempo o período de transición.
Finalmente, la Superintendencia sugirió dos recomendaciones: La primera se refiere a justificar los requisitos exigidos para el registro ante el ICA de los perfiles para evitar distorsiones en el ejercicio de la actividad económica de los regulados. Y la segunda es justificar el periodo establecido para la entrada en vigor de las medidas propuestas.
Incluir expresamente en el Proyecto que los beneficios contenidos en el artículo 29 para la obtención de los registros únicamente aplican para la exploración y explotación del recurso geotérmico por parte de los contratistas de hidrocarburos cuando esta se realice en la modalidad de co-producción.
Incluir en el Proyecto que el consentimiento previo del contratista de hidrocarburos solo se podrá negar cuando existan razones técnicas que inviabilicen la exploración y explotación del recurso geotérmico de forma simultánea a la actividad de hidrocarburos.
Incluir el procedimiento a seguir en aquellos casos donde se niegue el consentimiento previo del contratista de hidrocarburos. En este escenario será indispensable que el Minenergía tenga la oportunidad de conocer las razones técnicas del contratista de hidrocarburos, para que de esta forma pueda evaluar si existe el soporte adecuado para prohibir el acceso de los desarrolladores.
Incluir un artículo que especifique los requisitos que deberá acreditar el interesado a efectos de resultar cesionario de un registro de exploración y/o explotación. Dicha selección de requisitos deberá igualar las condiciones en las que se otorga un registro sobre una nueva área geotérmica o se cede un área geotérmica previamente registrada.
Sustentar técnicamente la determinación de la tasa mínima requerida para la suscripción de la garantía de cumplimiento, especificando las actividades que deberán ser consideradas para determinar el monto global sobre el cual se debe aplicar la tasa de la garantía establecida.
Fijar un plazo suficiente y debidamente sustentado para que los agentes incumbentes puedan: (i) obtener el registro geotérmico y (ii) ajustar su proceso productivo a las exigencias del Proyecto, en aras de evitar que este resulte en la exclusión, temporal o permanente, de estos.
N/A
El Proyecto tiene por objeto establecer los requisitos generales, técnicos y de información para la implementación del registro geotérmico, para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación del recurso geotérmico con fines de generación de energía eléctrica.
La Superintendencia realizó el análisis desde la óptica de la libre competencia económica centrándose en los siguientes puntos: (i) los proyectos susceptibles de exploración y explotación de hidrocarburos y recurso geotérmico; (ii) las condiciones exigidas al cesionario del registro de exploración o explotación; (iii) las garantías exigidas en el marco del otorgamiento del registro geotérmico, y; (iv) la regla de transición para los agentes incumbentes
El análisis sobre los posibles riesgos que se advierten en materia de libre competencia económica, en el marco de los proyectos susceptibles de exploración y explotación de hidrocarburos y recurso geotérmico, evaluó tres escenarios plausibles: (i) la co-producción; (ii) la exploración y explotación del recurso geotérmico por parte del contratista de hidrocarburos sin que haya co-producción; y (iii) la exploración y explotación del recurso geotérmico por un tercero diferente al contratista de hidrocarburos.
El primer escenario no despertó preocupaciones en materia de libre competencia económica, por cuanto La Superintendencia encontró sustentada la regla diferencial que aplica para este caso específico. El segundo escenario, corresponde a la posibilidad de que el contratista de hidrocarburos explore y explote el recurso geotérmico como elemento principal, pero dentro del área que ha sido previamente asignada para la explotación de hidrocarburos en virtud de su contrato con la ANH. En este segundo caso, la Autoridad de Competencia hizo énfasis en la importancia de que no se aplicaran los beneficios y prerrogativas de la co-producción, ya que ello constituiría un trato diferenciado injustificado en beneficio de los contratistas de hidrocarburos.
El tercer escenario que es consistente con la exploración y explotación del recurso geotérmico al interior de un área asignada para actividades de hidrocarburos, donde el desarrollador es una persona jurídica distinta al contratista de hidrocarburos, la Autoridad recomendó que el consentimiento previo del contratista de hidrocarburos requerido para que un tercero pueda desarrollar las actividades de geotermia, solo se pudiera negar ante la existencia de razones técnicas que inviabilizaran la exploración y explotación del recurso geotérmico de forma simultánea a la actividad de hidrocarburos.
Además, la Autoridad se pronunció en relación con las condiciones para la cesión del registro de exploración o explotación, observando que el Proyecto no especificó los requisitos que debería acreditar la empresa interesada a efectos de hacerse cesionaria del respectivo registro. En consecuencia, se recomendó al regulador incluir un artículo que describiera los requisitos que debe acreditar el interesado a efectos de resultar cesionario de un registro de exploración y/o explotación, especificando que dicha selección de requisitos debe igualar las condiciones en las que se otorga un registro sobre una nueva área geotérmica o se cede un área geotérmica previamente registrada.
A continuación, la Superintendencia se refirió a los términos para la presentación de la garantía de cumplimiento que deberá suscribir el titular del registro de exploración o explotación, advirtiendo la importancia de que dicho requisito no se constituya como una barrera de entrada injustificada al mercado. Por lo anterior, le recomendó al Minenergía sustentar técnicamente la determinación del monto mínimo requerido para la suscripción de dicha garantía e incorporar la especificación técnica de cuáles son las actividades que deberán ser consideradas para determinar el monto global sobre el cual se debe aplicar la cuota de la garantía establecida.
Por último, se pronunció en relación con la importancia de incorporar un régimen de transición aplicable a los agentes incumbentes. En específico se le recomendó al regulador establecer un término suficiente para que dichos agentes logren acreditar los requisitos de obtención del registro de exploración y/o explotación, y cumplir los requisitos incluidos a la ejecución de las actividades de perforación, inyección y abandono de pozos.
