Superintendencia de Industria y Comercio

El Proyecto busca garantizar que las condiciones de remuneración a nivel mayorista se compadezcan con la realidad actual de los mercados móviles. Para esto, el regulador modifica: (i) los cargos de acceso de redes móviles para la terminación de llamadas y la terminación de mensajes cortos de texto con una convergencia al Bill & Keep; (ii) el valor de la remuneración de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para servicios de voz y SMS; (iii) las reglas para la remuneración de la provisión de acceso bajo la figura de Operadores Móviles Virtuales (OMV) para los servicios de voz y datos mediante la adopción de un límite inferior para el cálculo de la tarifa máxima; (iv) el costo de capital promedio ponderado (WACC); y (v) el Anexo 4.2. relacionado con la actualización de los cargos de acceso bajo un Modelo de Empresa Eficiente que emplea LRIC o Costos Medios para el cálculo de dichas remuneraciones. 

El análisis por parte de la Superintendencia inicia con la actualización de la metodología, para lo cual discute los diferentes métodos alternativos (Ramsey, Price Caps, ECPR, B&K) y se centra en el utilizado (Costos Incrementales). De lo anterior, se encuentra una ambivalencia con respecto a la consideración del markup, además de los inconvenientes asociados con la justificación del algoritmo empleado para el pronóstico de uso de los elementos, así como del uso de ventanas heterogéneas. También, se advierte del impacto en el esquema proveniente de una eventual asignación de espectro. Posteriormente se analizan ventajas y desventajas del B&K, sobre lo cual se señala la ausencia de una sustentación técnica relacionada con las condiciones del mercado y el B&K, como también del proceso de confluencia a éste. Adicionalmente, se indica que el nuevo tipo de cargo de acceso por capacidad en Gigabits Ethernet no está justificado por el regulador, como tampoco contempla las diferencias entre un PRST Entrante o Establecido. Por otro lado, se resalta que la actualización del WACC responda a la Convergencia Fija-Móvil.  

En línea con la temática de los cargos de acceso, se analiza la relación entre los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA) y los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), sobre lo cual se encuentra que la aplicación de la figura de B&K no tiene sentido de cara a la remuneración que pagan los primeros por el acceso a las redes de los PRST, ya que es una relación unilateral, por lo que no hay neteo/compensación mediante tráfico entrante y saliente. Posteriormente, se examinan los cargos de RAN, concluyendo que subsisten beneficios para entrantes, y no se está igualando por completo a los cargos de acceso. Seguidamente, se aborda la remuneración de OMV y la adopción del precio piso, sobre lo cual se concluye que el valor de dicho piso tarifario no capturó los efectos que generaría sobre el mercado de OMV. Por último, se discute la gradualidad en la aplicación de las medidas, ya que no hay un sustento en los documentos sobre cómo se determinaron los plazos a partir de los cuales entran a regir las medidas. 

Con base en el análisis de esta Superintendencia se elevaron once recomendaciones basadas en la necesidad de dar sustento a cada una de las medidas del Proyecto. En adición a lo anterior, se recomendó la ejecución de otras cuatro acciones específicas, a saber: (i). definir una regla de acceso para las relaciones entre PCA y PRST; (ii) ajustar los valores monetarios para el cargo de acceso en Gigabit Ethernet para los operadores establecidos; (iii) adoptar un modelo de seguimiento del esquema de reducción de cargos; y (iv) actualizar las remuneraciones de acceso tras la asignación de la banda media-alta del espectro radioeléctrico. 

En ejercicio de la función oficiosa de abogacía de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio llevó a cabo el análisis a la luz de la libre competencia económica de la iniciativa regulatoria del Ministerio de Minas y Energía,  la cual  responde a la necesidad de mejorar los aspectos reglamentarios dando “(…) señales adecuadas para que los agentes de la cadena de distribución de combustibles y los actores del sector de los biocombustibles contribuyan al desarrollo e inversión en el sector energético”.  

La SIC estudio los siguientes aspectos: (i) Criterios mínimos para diseñar la metodología de asignación periódica de volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios en los municipios considerados como zona de frontera. En este punto en particular, esta Superintendencia de pronunció sobre: (a) el criterio de “uso racional del combustible” a los fines de determinar los volúmenes máximos a ser asignados; (b) el criterio de asignación preferente; (c) necesidad de incluir dentro de los criterios, un criterio asociado a la libre competencia económica; (ii) Sobre la prohibición de exportación de combustibles objeto del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles; y (iii) Falta de concreción en relación con las señales de mercado respecto de las actividades inherentes al mercado de combustibles y que serán reguladas con posterioridad al Proyecto. 

Frente al primer numeral, esta Autoridad consideró necesario definir con precisión el alcance de lo que a juicio del Regulador se entenderá como “uso racional”. Ello, en la medida que, si bien es cierto que desde la teoría económica se cuenta con una aproximación válida, igualmente, desde dicha teoría económica, el alcance de lo que significa racional y de lo que representa una conducta racional para los agentes, dependerá de otras variables. Incluso, pueden existir escenarios en que los agentes decidan no maximizar sus beneficios, lo cual, puede representar un escenario “no-racional”, y que tiene la potencialidad de alterar el alcance, en este caso, de la metodología de la que se ocupa el Proyecto.  

Con respecto al criterio de asignación preferente, esta Superintendencia considera que es de suma importancia entender las particularidades de cada municipio, de suerte que con ello no se estén creando externalidades negativas frente a otras actividades que se desarrollen en el respectivo municipio, y para las cuales, la asignación del combustible resulta ser un elemento sensible. Finalmente, esta Superintendencia hizo énfasis sobre la importancia de involucrar criterios específicos de libre competencia en la metodología. Ello, de suerte que se garantice en todo momento que la intervención que se hace a través del Proyecto no terminara creando nuevas distorsiones en los mercados afectados por la medida. 

Respecto del segundo punto, el análisis de esta Superintendencia indicó la importancia de la medida adoptada por el Regulador, al pretender restringir la exportación de combustibles que fueran objeto de los beneficios del fondo de estabilización de precios de combustibles. Ello, a fin de evitar que el beneficio que se recibe por ese concepto no terminara beneficiando a otros mercados distintos al mercado local. 

Finalmente, en cuanto al tercer punto, el análisis de esta Superintendencia se fundó en la importancia de dar señales regulatorias claras al mercado. Ello, por cuanto de cara al Proyecto, esta Superintendencia encontró que varias disposiciones indican que se expedirían regulaciones ulteriores sobre otras materias, pero sin que se indicaran los lineamientos mínimos a los cuales deberían sujetarse las entidades responsables. Dicha situación estaría creando un marco de incertidumbre en el mercado, lo cual, tiende a ocasionar efectos económicos dadas las medidas que adoptan los agentes para tener coberturas frente a los posibles efectos económicos que pueden conllevar las medidas regulatorias.