Superintendencia de Industria y Comercio
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Protección de la Competencia
Establece en el anexo técnico, la fórmula para la inclusión de los productos y servicios asociados a la bioseguridad con motivo de la atención a la pandemia COVID-19, especificando su impacto dentro de la ecuación calculada por el SICE-TAC.
Revisar la metodología para declarar los costos asociados a mantenimiento y reparaciones por parte del transportador, en aras de mitigar un riesgo de sobreestimación de costos asociados a repuestos que pueda declarar el interesado.
Incluir la referencia que soporta la modificación referente a los periodos de amortización como parte de la variable de recuperación del capital.
Incluir en el anexo técnico una periodicidad fija para la revisión, evaluación e inclusión de modificaciones y actualizaciones de los parámetros operativos del sistema, en aras de identificar fallas de mercado y que estas puedan ser corregidas por el regulador de forma oportuna.
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Pendiente.
N/A
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Pendiente.
Justificar las razones técnico-económicas por las cuales se fija como cuota de producción para clasificar en la categoría (A)-Artesanos el valor de 100 kilogramos hora en el artículo 4 del Proyecto.
N/A
Pendiente.
Modificar la condición contenida en el artículo 8 del Proyecto para que esta atienda a las condiciones actuales del mercado y no se convierta en un incentivo negativo a la adopción de tecnologías de servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes.
Eliminar la obligación de informar la georreferenciación de las estaciones base a los PRO toda vez que, impone una obligación de publicidad sobre información sensible que podría perjudicar a los PRV, sin que haya claridad respecto de los efectos positivos en el mercado que supuestamente generaría esta disposición.
Pendiente.
N/A
El Proyecto tiene por objeto ampliar el periodo libre de almacenamiento mínimo establecido en la Resolución 002398 de 2009 del Ministerio de Transporte al que están autorizadas las sociedades portuarias que operan en la zona portuaria de Buenaventura. Aquel periodo, en el cual las sociedades portuarias de servicio público están autorizadas a no cobrar el cargo de almacenamiento que prevé el tercer inciso del artículo 2 de la Resolución 723 de 1993, modificado por las Resoluciones 884 de 1996, 003187 de 2006 y 002398 de 2009, incrementaría de setenta y dos (72) a ciento veinte (120) horas. Aquella medida es implementada en respuesta a una serie de restricciones en la movilidad de carga desde y hacia las la zona portuaria de Buenaventura, por distintos hechos de protesta social que han dado lugar a un incremento en el tiempo de permanencia de las mercancías en bodegas y patios de contenedores ubicados en las terminales portuarias.
La Superintendencia consideró pertinente pronunciarse acerca de distintos supuestos que fueron identificados con ocasión de dicha ampliación, relevantes en el análisis en materia de libre competencia económica. Así, el análisis llevado a cabo por la Autoridad de Competencia tuvo lugar con ocasión del eventual surgimiento de problemas de agente – principal, tales como (i) el riesgo moral y (ii) la selección adversa. El problema de riesgo moral fue analizado desde la perspectiva de un potencial incremento de tarifas por parte de las sociedades portuarias que operan aquellas terminales. Por otro lado, el problema de selección adversa fue estudiado a partir de dos (2) escenarios en que tanto sociedades portuarias como generadores de carga fuesen renuentes a contratar con ciertos agentes de mercado.
En ambos escenarios, la Superintendencia encontró que, a partir de una serie de elementos endógenos del mercado, junto con las reglas de juego que rigen las estrategias de sus integrantes, los mismos no se verían materializados en la práctica. Por estas razones, la entidad no formuló recomendaciones al Proyecto, pues no encontró que el mismo impactara el correcto funcionamiento de los mercados, o representara una limitación a la libre competencia.
